El abogado y notario del clan de narcotraficantes denominados “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Salgado Pérez, con orden de captura vigente por lavado de activos, desde el 2018, fueron señalados y acusados ayer ante los Tribunales en Materia de Corrupción por fraude y soborno doméstico.

Lo anterior se debe a la presentación del décimo caso puesto ante la justicia hondureña por fiscales de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (UFECIC), del Ministerio Público mediante un requerimiento fiscal contra 10 personas acusadas por delitos relacionados a corrupción pública.

A eso de la 1:00 de la tarde, el fiscal jefe de la UFECIC, Luis Javier Santos interpuso la respectiva acusación ante la secretaría del circuito en materia de corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Minutos después, el caso denominado “Patuca III colusión y corrupción”, fue dado a conocer a la población en una conferencia de prensa a las 2:00 de la tarde por el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Luiz Guimaraes Marrey.

Durante la comparecencia se destacó que este caso es la primera línea de investigación relacionada a los hechos en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Patuca III y abarca situaciones que comenzaron con la promulgación del decreto 279-2010, que dio vida a la Ley Especial Reguladora de Proyectos de Energía Renovable y el finiquito del “Contrato para el equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas en el campamento ENEE del proyecto en mención.

Los resultados y pruebas que arrojó la investigación es que los acusados conformaron una red de corrupción que defraudó al Estado de Honduras, utilizando la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la estatal eléctrica.

Los encausados en este caso de corrupción son Gabriel Prieto Gutierrez, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y dos (2) delitos de falsificación de documentos públicos; Juan Jose Villeda Mejía, por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, y cohecho; Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa Clarey, Elia Virginia Medina Zúniga, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios; Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera por el delito de fraude en el grado de complicidad.

ACUSADOS POR LAVADO

De igual manera la pareja de esposos conformada por Waldina Lizzette Salgado Pérez y Francisco Arturo Mejía, por los delitos de fraude y soborno doméstico; y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía Salgado por el delito de soborno doméstico.

De acuerdo a los resultados de la investigación en esta primera línea, el fraude se produjo al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento del campamento base del proyecto hidroeléctrico Patuca III a un grupo selectivo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignandoles contratos millonarios sobrevalorados en suministros en algunos casos hasta más de un 149 por ciento del valor que tenían en el mercado esos bienes.

Otra de las irregularidades que se mostraban en la adjudicación de los contratos es que las tres empresas ofertantes para el desarrollo de esos proyectos obviaban los procedimientos, falsedad en la recepción de los bienes, con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos.

El pasado 10 de mayo del 2012, el ingeniero Gabriel Prieto Gutiérrez, actuando en su condición de director ejecutivo de la UEPER; invitó directamente empresas Lutopas, Ergo Limited, S.A. de C.V. y la empresa Prefabricados de la Madera SARAHI, S. de R.L. para que presentaran sus ofertas, el proceso de “Contratación para el Equipamiento de las Unidades de Vivienda y Oficinas en el Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”, eligiendo únicamente a estas empresas.

Las representantes legales de estas tres empresas eran Ada Amalia Puerto Ramírez, actuando agente externo de la empresa ERGO LIMITED y Suyapa Lorena Rivera quien participó pero como representante legal de Prefabricados de la Madera SARAHI (empresa creada pero que nunca entró en operaciones), en concierto con Waldina Lizzette Salgado Pérez, quien tenía el control de hecho de la empresa LUTOPAS, presentaron ofertas lo suficientemente altas (con una diferencia hasta de L7,311,332.00), para que el contrato le fuera adjudicado a LUTOPAS.

Posteriormente, el mismo ingeniero Prieto Gutiérrez notificó la selección de los “integrantes de la Comisión de Análisis de ofertas”, siendo designados: Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Elia Virginia Medina y Luisa Sofía Figueroa, quienes en el desempeño de su cargo, no ejecutaron los actos propios de los deberes de su nombramiento y no ejercieron un control debido de las ofertas presentadas por las empresas invitadas.

Asimismo, no exigieron una justificación de la determinación de compañías a invitar, ni llevaron a cabo una comparación de los bienes ofertados con las oportunidades y precios existentes en el mercado.

Las investigaciones del caso encontraron vinculaciones entre las tres empresas invitadas a ofertar por medio de nexos familiares y comerciales pre existentes entre sus socios, encontrando su punto de encuentro en la Sociedad Consultores Especializados S. de R.L. de C.V. (COESA).

Entre los hechos que revelan estos nexos, tenemos que Suyapa Lorena Rivera es socia fundadora de COESA, empresa que posteriormente vende sus acciones, situación que se formaliza a través de los oficios de la notaria Ada Amalia Puerto Ramírez (quien fue asesora de la UEPER de marzo a diciembre del 2011).

NÚCLEO FAMILIAR

COESA tiene su sede en las mismas direcciones donde se ubican las empresas COMSSA e Inversiones Acrópolis, cuyos representantes legales eran Roberto Arturo Mejía Salgado y Francisco Arturo Mejía (hijo y esposo de la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez).

Los nexos se extienden al señor Juan José Villeda Mejía, quien fungió como procurador legal de la UEPER y miembro de la “Comisión de Análisis de Oferta” de este contrato.

Comisión que fue la encargada de recomendar la contratación de la empresa LUTOPAS, la cual estaba controlada de hecho por la señora Salgado Pérez, quien a su vez era esposa del abogado Mejía, quien era representante de la entidad ACRÓPOLIS, S.A.
de C.V. y ambos padres de Roberto Arturo Mejía Salgado quien era representante de la empresa Consultorías, Mantenimientos y Servicios, S.A. (COMSSA).

Las tres empresas en mención, fueron las encargadas de comprar los bienes objeto del contrato por un valor total de dos millones setecientos cincuenta mil trecientos noventa y tres lempiras con veinte centavos (L2,750,393.20), equipo que se vendió a la UEPER por un valor de seis millones, ochocientos sesenta y seis mil, tres lempiras (L6,866,003.00), resultando una sobrevaloración de cuatro millones ciento quince mil, seiscientos nueve lempiras con ochenta centavos (L4,115,609.80) equivalente en un ciento cuarenta y nueve puntos sesenta y cuatro por ciento (149.6371428%) de incremento en las ventas de equipo que se vendió a la UEPER.

Es importante aclarar, que de la totalidad de bienes vendidos a un costo de catorce millones quinientos veinte mil lempiras, (Lps14,520,194) solo se recuperaron facturas correspondientes al 47.3% de estos bienes, en los cuales se cuantifica una sobrevaloración del 149.64%, equivalente a cuatro millones, ciento quince mil, seiscientos nueve lempiras con ochenta centavos (Lps4,115,609.80), en el grupo de productos comprobados.

DIOS TE BENDIGA!!!