MP Emite requerimiento contra exfuncionarios del Gobierno de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ha presentado un requerimiento fiscal contra exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Entre los acusados destacan el excanciller Lisandro Rosales, el excomisionado de COPECO, Gabriel Alfredo Rubí, y la ex cónsul Jessica Canahuati Farah, quienes enfrentan cargos por fraude y violación de deberes. La compra de ventiladores defectuosos durante la pandemia ha causado un perjuicio de más de 63 millones de lempiras al Estado hondureño.
El impacto de la corrupción en tiempos de crisis
Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, miles de hondureños sufrieron en los hospitales debido a la falta de equipos médicos esenciales. Mientras tanto, según el MP, los acusados aprovecharon la crisis para beneficiarse. Los ventiladores adquiridos con los fondos públicos nunca funcionaron, permaneciendo en bodegas mientras la población hondureña enfrentaba la pandemia desprotegida.
Transferencias bancarias sin respaldo
Los exfuncionarios realizaron transferencias bancarias sin la documentación debida y omitieron la recepción oficial de los equipos. Este proceso, que debió ser transparente y rápido, estuvo lleno de irregularidades. El MP afirma que estas acciones no solo violaron la confianza del pueblo, sino que también profundizaron el sufrimiento de las familias afectadas por la crisis sanitaria.
Negligencia con consecuencias trágicas
“La pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino también un escenario de corrupción descarada,” subraya el comunicado del MP. Las decisiones tomadas por estos exfuncionarios resultaron en un fraude que dejó a miles de hondureños sin los ventiladores que necesitaban para sobrevivir. Los ventiladores defectuosos, que nunca llegaron a ser utilizados, representan un duro golpe a la salud pública.
Una burla cruel al sufrimiento del pueblo
El MP concluye su informe mencionando que esta compra se convirtió en una burla a la desesperación del pueblo hondureño. Mientras el país sufría una de las peores crisis sanitarias de su historia, las acciones de estos exfuncionarios llenaban sus bolsillos con dinero manchado de sangre y lágrimas. Las consecuencias de su negligencia aún resuenan en la memoria colectiva del pueblo, dejando una herida profunda en la confianza hacia las instituciones públicas.
Este caso resalta la necesidad de continuar combatiendo la corrupción y exigir transparencia en la administración de los recursos del Estado. Redacción Ruth Corrales R.