Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Una disposición administrativa que permite pasaportes diplomáticos vitalicios para exfuncionarios del Estado hondureño ha desatado una tormenta política, institucional y ética que hoy se instala con fuerza en el debate nacional. El Acuerdo No. 001-SG-2025, aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no solo redefine el alcance de los privilegios diplomáticos, sino que también plantea preguntas incómodas sobre uso del poder, beneficios políticos permanentes y transparencia en la gestión pública.

El reglamento fue firmado el 6 de mayo de 2025 por el entonces canciller Enrique Reina y publicado el 14 de junio de ese mismo año en el diario oficial La Gaceta. La controversia se intensifica porque la normativa fue aprobada apenas semanas antes de que el canciller abandonara su cargo el 27 de mayo de 2025 para integrarse a la campaña política de Rixi Moncada, lo que para analistas genera un contexto político que hoy amplifica las sospechas sobre el verdadero alcance de la decisión.

En el centro del debate se encuentra el Artículo 13 del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, donde se establece textualmente que los expresidentes de los poderes del Estado, así como exsecretarios y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores y sus cónyuges, podrán portar pasaporte diplomático de manera vitalicia. Esta disposición rompe con la lógica tradicional del servicio diplomático, donde estos documentos suelen ser instrumentos estrictamente ligados al ejercicio activo de funciones estatales.

Entre los posibles beneficiarios figuran la expresidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando, así como exautoridades de la Cancillería como Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y Zulmit Solemit Rivera Zúniga. La posibilidad de que estos actores mantengan estatus diplomático permanente incluso fuera del poder ha encendido cuestionamientos en círculos académicos, políticos y ciudadanos.

El pasaporte diplomático no es un simple documento de viaje. Representa una credencial internacional que solicita a autoridades extranjeras brindar facilidades, trato protocolario especial e incluso protección diplomática al portador. En términos prácticos, esto puede traducirse en prioridad migratoria, trato preferencial en aeropuertos y un reconocimiento institucional del Estado que lo emite.

Sin embargo, expertos en derecho internacional y relaciones exteriores advierten que en numerosos países democráticos estos documentos se retiran inmediatamente cuando el funcionario deja el cargo, precisamente para evitar que un privilegio institucional se transforme en un beneficio personal o político permanente.

La polémica creció aún más luego de que la actual canciller Mireya de Agüero solicitara oficialmente la devolución de pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados durante la administración anterior, estableciendo como fecha límite el 31 de marzo para que los exfuncionarios entreguen dichos documentos ante la Unidad de Pasaportes de la Cancillería.

El problema surge porque el propio reglamento crea una excepción para quienes poseen el beneficio vitalicio, lo que significa que algunas figuras políticas no estarían obligadas a devolverlos, abriendo una grieta legal que hoy alimenta el debate nacional sobre privilegios políticos dentro del Estado hondureño.

Más allá de la legalidad formal del reglamento, el caso ha puesto sobre la mesa un tema más profundo: la cultura de privilegios en la política hondureña. Para muchos analistas, la discusión no gira únicamente en torno a un documento diplomático, sino a la percepción ciudadana de que el poder político en Honduras continúa generando beneficios permanentes para las élites del Estado.

Desde la perspectiva del periodismo digital independiente, el tema exige algo más que debate político: requiere transparencia, auditoría pública y reformas institucionales profundas. La ciudadanía merece conocer cuántos pasaportes diplomáticos existen, quiénes los poseen, bajo qué criterios fueron otorgados y cuál es su uso real en el ámbito internacional.

Como medio digital comprometido con la vigilancia democrática, proponemos abrir una discusión nacional sobre reformas claras al sistema de privilegios diplomáticos, incluyendo la creación de un registro público de pasaportes diplomáticos, auditorías periódicas del servicio exterior y límites estrictos a los beneficios otorgados después de dejar el cargo.

La verdadera pregunta que hoy enfrenta Honduras es incómoda pero necesaria: ¿debe el poder político generar privilegios permanentes o instituciones responsables?

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la confianza ciudadana en las instituciones se construye con reglas claras, transparencia real y límites firmes al poder. Cuando los privilegios se vuelven vitalicios, la democracia corre el riesgo de convertirse en un sistema de beneficios para unos pocos. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com