Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El exvicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Yllescas, encendió nuevamente el debate público al plantear que el Congreso Nacional debe analizar con seriedad la posibilidad de un juicio político, tras los acontecimientos registrados durante el proceso electoral de 2025, un episodio que, según afirmó, dejó profundas grietas institucionales en Honduras.

El empresario–político señaló que los últimos comicios marcaron un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la democracia hondureña. A su criterio, el proceso evidenció una sociedad profundamente polarizada, una ciudadanía desconfiada de los partidos políticos y instituciones debilitadas, pero al mismo tiempo mostró la determinación del pueblo hondureño de defender el voto.

“Las elecciones de 2025 dejaron cicatrices profundas para Honduras. Fueron el reflejo de una nación dividida políticamente, con ciudadanos que cuestionan el sistema, pero también demostraron la voluntad democrática de los hondureños”, expresó Yllescas, al recordar el ambiente tenso que rodeó tanto las elecciones primarias como las generales.

En ese contexto, el exvicepresidente del Legislativo cuestionó la actuación del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a quien señaló como testigo clave de presuntas irregularidades dentro del organismo electoral. Según Yllescas, las declaraciones del consejero sobre posibles fraudes a nivel presidencial, legislativo y municipal abren interrogantes que aún no han sido respondidas.

El dirigente político planteó una pregunta que ha comenzado a resonar con fuerza en sectores políticos y ciudadanos: ¿cuántas actas no fueron escrutadas correctamente y a quién favorecieron realmente los resultados finales? Para Yllescas, este punto debe investigarse con absoluta transparencia si el país pretende recuperar la confianza en el sistema electoral.

Asimismo, aseguró que durante el proceso se registraron conductas que impactaron negativamente el desarrollo del cronograma electoral. En su opinión, la ausencia reiterada de Ochoa en varias sesiones del pleno del CNE habría provocado parálisis administrativa, afectando decisiones fundamentales para el desarrollo del proceso.

A esto se suma, según Yllescas, la interposición de denuncias penales selectivas contra actuaciones técnicas del propio Consejo, lo que —a su juicio— terminó alimentando un ambiente de obstrucción institucional durante el escrutinio general y especial de votos.

El exvicepresidente del Congreso también se refirió al papel del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Johel Zelaya, señalando que durante el proceso electoral se registró una intervención constante del ente investigador. Entre las acciones mencionadas destacan investigaciones contra autoridades electorales en funciones, solicitudes de antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y allanamientos en instalaciones del CNE.

En ese mismo análisis, Yllescas cuestionó el silencio institucional de algunos actores que, según él, pudieron aportar claridad al país. Particularmente mencionó que la dirección del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) no se pronunció oportunamente sobre quiénes fueron realmente los electos, a pesar de que posteriormente se presentaron elementos que alimentan el debate.

“Lo que observamos es la acumulación de hechos que revelan dos patrones institucionales conectados: el retraso sistemático de decisiones dentro del CNE y el uso conveniente de acciones penales en un proceso altamente sensible para la democracia”, explicó.

Frente a este escenario, Yllescas considera que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad histórica de evaluar si corresponde abrir un juicio político, no como un instrumento de revancha partidaria, sino como un mecanismo constitucional para esclarecer responsabilidades institucionales.

Desde QuienOpina.Com sostenemos que Honduras necesita reformas profundas para blindar el sistema electoral, incluyendo auditorías independientes al escrutinio, digitalización transparente de actas, observación internacional permanente y responsabilidad legal directa para funcionarios electorales. Sin estas transformaciones estructurales, la crisis de confianza podría seguir debilitando la legitimidad democrática.

El propio Yllescas concluyó que el país merece respuestas claras: “Si el Congreso decide iniciar un juicio político, debe hacerlo con objetividad y garantías constitucionales; si decide no hacerlo, deberá explicar al país por qué considera que estos hechos no ameritan control constitucional”.

El debate apenas comienza, pero una pregunta ya se instala en la conciencia nacional: ¿puede Honduras cerrar la herida electoral sin esclarecer lo ocurrido en 2025?. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com