Al menos 100 alcaldías del país fueron auditadas a raíz de la sospecha del delito de malversación de caudales públicos, según el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda.

Esas auditorías fueron ejecutadas durante el 2018 mediante una clasificación de a, b, c, d, conforme al presupuesto que se les asignó a las municipalidades, amplió Pineda. Las auditorías se realizan con el objetivo de verificar el buen manejo del presupuesto otorgado.

Trasciende el caso corporaciones que incurrieron en responsabilidades penales, administrativas y civiles por malversación de caudales públicos, por compras y contratación de personal, no obstante, algunas alcaldías cometieron ese ilícito por no conocer ciertos preceptos legales.

José Juan Pineda explicó que las municipalidades en su mayoría, caen en el delito de malversación de fondos por omisión o conocimiento, eso obliga a decretar sanciones civiles porque se comprueba que no hubo dolo, es decir no existió una mala intención.

Al final, si la responsabilidad es civil, se les pide devolver el dinero al Estado de Honduras por su proceder de manera errónea, concluyó Pineda.

Hasta el cierre de 2018, se habían entregado a diferentes alcaldías, 5 mil 200 millones de lempiras por concepto de transferencias municipales, según datos de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización.

De estas transferencias que reciben las municipalidades, el 25 por ciento debe ser utilizado en la promoción de asuntos relacionados con la educación en salud a partir del 2019, de acuerdo con ese mismo informe de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización.

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