El presidente del Colegio de Abogado de Honduras (CAH) y del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, Fredis Cerrato, hizo un llamado enérgico a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, para que les extiendan nuevamente el salvoconducto otorgado a los abogados, y que repentinamente fue cancelado.

“Se nos había extendido hasta el 31 de diciembre, pero intempestivamente aparece en octubre que se encuentra cancelado; somos hombres y mujeres de leyes, en consecuencia nos lo deben de aprobar por escrito”, apuntó.

“Hemos solicitado a la mesa multisectorial que autorice que los abogados podamos circular de lunes a viernes, ser atendidos con solo mostrar el carnet en los bancos y oficinas públicas”, detalló.

Asimismo, dijo que “se ha abierto todo el sistema de administración pública, los ministerios, alcaldías, instituciones autónomas, semiautónomas, el mismo Poder Judicial ha ido abriendo paulatinamente, ya han abierto la empresa privada”.

“Por lo general, toda la gestión que se hace en la administración pública y desde luego en los tribunales, se requiere de un representante o apoderado legal, nosotros somos parte de la dinámica económica, política y social de este país”, expresó.

Cerrato lamentó que “los abogados somos los de mayor impacto en toda la tramitología que se da en todo el sector del gobierno, no me explico cómo se le está dando espacio a que se mueva la sociedad, pero a los abogados nos tienen presos”.

El profesional del Derecho al frente del CAH remarcó que “o nos asesinan a bala viva, como se está dando en este momento, o nos matan de hambre, en un rechazo y desprecio por los abogados…”.

“… he pedido inclusive una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que hablemos de temas importantes, esa mora judicial que se va acumular significa también que los abogados independientes no pueden recibir honorarios porque el cliente les paga hasta que resuelve los asuntos”, añadió.

¿FAVORECEN A TRAMITADORES?

A criterio del presidente del CAH, “toda la parálisis de la administración pública significa que tampoco hay un abogado que puede salir todos los días a gestionar los asuntos de sus clientes o particulares, alguien hace una compra de un carro o una casa y necesita una escritura o el documento de traspaso, ¿cómo se inscribe, si el apoderado no puede salir?”.

“Y en vez de ponderar el hecho, en privilegiar al abogado, que es el garante de un trámite correcto, son los tramitadores quienes sí tienen libertad, de repente hasta coludidos con los empleados de las ventanillas de las oficinas públicas, donde les dan más prioridad a ellos que al mismo abogado, que necesita ir hacer un trámite, eso no se vale, es incorrecto y lo rechazamos”, enfatizó.