Costa Rica celebró 70 años desde la abolición de su ejército y, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Costa Rica, las áreas de salud y educación han sido las más beneficiadas en estas siete décadas.

De acuerdo con el estudio del Observatorio del Desarrollo de la UCR, citado por El País, la inversión social se multiplicó por cinco (del 2,6% del PIB pasó al 13,4%) en los 25 años posteriores a la decisión concretada en 1948 por el presidente José Figueres.

Los investigadores apuntan también a una reducción en el presupuesto para seguridad en ese período, después de que el exrevolucionario Figueres, más por estrategia política que por pacifismo o por cálculo económico, firmara el decreto de la abolición. Esta medida fue posteriormente incluida en la Constitución de 1949.

En esos 25 años posteriores a la desmilitarización, Costa Rica elevó del 15% a 35% la inversión en educación y pudo triplicar la cantidad de escuelas (2.610 en el año 1974). También pudo aumentar a 29% del PIB el dinero destinado salud y hacer que se triplicara el porcentaje de seguro social de la población (66% en 1974), según los datos recogidos por los investigadores Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez.

© Proporcionado por Prisa Radio

El presidente Alvarado

El avance educativo y sanitario, explican los investigadores, incidió en que la tasa promedio de crecimiento de la economía pasara de 1,33% del PIB antes de 1949 a 2,44% en la segunda mitad del siglo XX.

Este shock es único en Latinoamérica”, dice el estudio, que señala a Costa Rica como el país con la segunda tasa de crecimiento más alta en este período. Esta expansión sin precedentes coincide, agrega la investigación, con una serie de cambios institucionales realizados en buena medida gracias a la estabilidad política: en estos 70 años el país solo ha sufrido un intento de golpe de Estado (1955), que se acabó resolviendo por la vía diplomática.

El 70 aniversario de la abolición y la revelación de su impacto en el progreso se cruzan con un momento de incertidumbre en las finanzas públicas y dificultades para sostener la inversión social. Para ello el mandatario impulsó una reforma fiscal que podría aprobarse de manera definitiva esta semana, pese a la oposición de gremios de trabajadores públicos reflejada en la huelga que mantienen miles de educadores del sistema estatal.

Publicidad