El Congreso Nacional (CN), comenzó, la discusión en un tercer debate el artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales, para que aquellos hondureños que se encuentran en la central de riesgo, puedan ser quitados de la lista al momento de saldar su deuda.

Lo anterior luego que, con la ley actual, se debe esperar dos años para quedar fuera de la misma.

“Aquella persona que se encuentre registrada en la Central de Riesgo Crediticia por incumplir con sus obligaciones, deberá ser notificada cuando sea registrada y eliminada de la misma una vez saldada la deuda”, fue la discusión de los diputados.

El artículo quedó en suspenso y el debate del mismo continuará esta semana.

“Se deberá proceder a la cancelación de manera inmediata de los datos de carácter personal del deudor o deudores inscritos a consecuencia de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, una vez que las mismas hayan sido cumplidas”, indicó Doris Madrid, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Este tipo de determinaciones –agregó Madrid-, van orientadas a todas las bases de datos crediticias, no solo la central de riesgo.

En la actualidad, según el reglamento de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), una vez saldada la deuda, la persona es eliminada de la central de riesgo después de dos años de haber cancelada la obligación de pago y no de inmediato.

Eso impide que pueda optar a préstamos, aunque ya haya pagado la deuda.

En este sentido, Madrid explicó que “Si una persona está registrada en la central de riesgo por deber 20 mil lempiras, al cancelar la deuda tiene el derecho de ser eliminada de la base de datos inmediatamente”.

De igual forma, con esta ley la persona que tenga una deuda deberá ser notificada antes de ser registrada en cualquier central de riesgo.

Asimismo, la ley agrega que una vez la persona sea notificada, tendrá un plazo de treinta días (30) calendario antes de proceder a dicho registro.

La ley de Protección de Datos Personales consta de 96 artículos.

Con ella, los hondureños podrán decidir quién, para qué, cómo, cuándo y dónde una persona natural o jurídica, pública o privada, podrá hacer uso de su información personal.

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