El gobierno de la República rechazó anoche los argumentos planteados esta semana en torno supuestas irregularidades en la concesión y ejecución del Corredor Turístico.

La organización Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), reveló el lunes pasado un informe en el que denuncia supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución del proyecto, así como sobrevaloración del mismo y negligencia de las autoridades.

En la conferencia de prensa participaron representantes de Coalianza, Superintendencia de Alianzas Público Privadas, Invest-HN, Secretaría de Finanzas, así como representantes de Banco Ficohsa como estructurador del crédito, Corporación Internacional para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), y Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), que es la agencia de calificación de riesgo del Banco Mundial.

El proyecto del Corredor Turístico tiene un desfase derivado de causas externas ajenas al concesionario y al Estado, es decir, las vinculadas a acontecimientos políticos que afectaron la continuidad del mismo, como la quema de las casetas de peaje y que estaban consideradas en el contrato como prepago por la inversión.

El Estado de Honduras ha estado en su mejor interés de dotar al pueblo hondureño de una obra de primer mundo, moderna, segura y de cuatro carriles, para promover el desarrollo económico de toda esta zona del país, rica por su gran potencial turístico y agroindustrial.

Este proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles desde el desvío La Barca-Santa Rita-El Progreso-Tela.

Además, el mantenimiento permanente durante 30 años de este tramo y de la vía que comunica Tela y La Ceiba.

Asimismo, incluye la culminación de proyectos que fueron postergados durante mucho tiempo, como la construcción del puente Humuya, de 200 metros de longitud y de cuatro carriles en Santa Rita y la rehabilitación del puente paralelo al puente La Democracia en El Progreso.

“Queremos ser enfáticos. Todas las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, vinculadas a este proyecto, rechazamos de forma categórica los argumentos planteados en torno a supuestos actos irregulares, sobrevaloración de la obra o negligencia”, dijo Ignacio Williams, superintendente de Alianza Público Privadas (SAPP).

Según el funcionario, ASJ tuvo falta de rigurosidad en la investigación y en la elaboración del informe.

Indicó que la quema de las casetas de peaje inviabilizó el cobro del peaje, lo cual obligó al pago del ingreso mínimo anual garantizado (IMAG) tal y como está establecido en el contrato.

Este contrato suscrito con la concesionaria fue revisado y avalado por instituciones de prestigio mundial como el banco JP Morgan, Corporación Internacional para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), Banco Ficohsa como banco estructurador del crédito y la agencia de calificación de riesgo del Banco Mundial Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), quien dio la garantía.

Por lo anterior, resaltó que este ha sido el proyecto que más procesos de debida diligencia ha pasado, siendo auditado en su totalidad por el Tribunal Superior de Cuentas, no encontrando este hallazgos constitutivos de reparos.

Asimismo, resaltó que la estructuración del proyecto contó con los estudios de empresas consultoras internacionales con mucha experiencia en alianzas público privadas, entre ellas ARUP del Reino Unido y Louis Berger de Francia.

Lo anterior conllevó a que en 2015 el proyecto Corredor Turístico fuera reconocido como el mejor estructurado bajo el esquema APP por la reconocida revista Latin Finance.

“Este es un gobierno abierto y transparente y la veeduría social en todos los proyectos de infraestructura es parte ya de nuestra cultura de trabajo”, dijo Williams.

Pese a los obstáculos que se han presentado, reiteró que el gobierno de la República ha reiterado al pueblo su compromiso de terminar esta obra que es clave para convertir a Honduras en el Centro Logístico de América, ya que cuenta con las coberturas de riesgo, incluyendo seguros y garantías.

LOS ANTECEDENTES

La obra se concibió en el afán de continuar con el programa de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional.

Surgió de un proceso de licitación pública internacional en el que participaron 8 empresas, de las cuales 4 empresas fueron precalificadas y finalmente 3 empresas presentaron las ofertas de acuerdo a los pliegos de condiciones.

Se siguieron todos los procesos para la selección de una empresa concesionaria de acuerdo a la normativa legal vigente.

La inversión de la concesionaria se contempló en 98 millones de dólares y luego se elevó a 260 millones de dólares, lo que significa que subieron las inversiones obligatorias pero no subió el costo del proyecto.

Lo anterior significa que el gobierno no tendrá que desembolsar 260 millones de dólares, ya que es la concesionaria quien aumentará la inversión referencial. Lo anterior, en lugar de significar un perjuicio, representa un beneficio para el Estado.

La inversión referencial es el monto mínimo de inversiones que se requieren. El gran beneficio del proyecto Corredor Turístico es que se logró obtener inversiones superiores al monto de inversión referencial. De manera que este es un riesgo que corre el concesionario y no es un riesgo que asume el Estado.

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