Lava Jato en Brasil, las escuchas peruanas a los jueces, los cuadernos argentinos de la corrupción y la consulta popular en Colombia son algunos de los hechos recientes que jalonan la lucha contra la corrupción en América Latina. Del tradicional “roban pero hacen”, con sus variantes nacionales, se ha pasado a una menor tolerancia con los corruptos y a la exigencia de responsabilidades. Simultáneamente se vive un deterioro creciente de la política y de las principales instituciones democráticas, como los partidos, los parlamentos o los jueces.

Según el último Latinobarómetro, la corrupción preocupa cada vez más. Es el cuarto problema más importante en la región, aunque es el primero en Brasil y Colombia. En el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional la mayoría de los países latinoamericanos están en la zona roja, o, lo que es lo mismo, allí donde la sensación de que se vulnera la ley en beneficio propio o de ciertas corporaciones es mayor. De 180 países evaluados, Venezuela es el 168. Muy atrás también están Haití, Nicaragua y Guatemala. En el extremo opuesto se encuentra Uruguay, seguido de cerca por Chile y luego Costa Rica.

Pese a una percepción muy extendida, la idea dominante en la mayoría de las sociedades latinoamericanas es que la corrupción afecta casi exclusivamente a los políticos y a los servidores públicos, responsables directos de lo mal que van las cosas. Y si bien los empresarios ocupan un segundo lugar, la responsabilidad colectiva, de la sociedad en su conjunto, es menos considerada.

Esto se observa en la consulta colombiana. Si bien su resultado puede considerarse un gran éxito, no se pudieron superar los 12 millones de votos necesarios para que lo aprobado sea de obligado cumplimiento para el Parlamento y el Gobierno. El contenido de las preguntas también da cuenta del mismo fenómeno. Y si en un tema tan trascendental la sociedad no se moviliza es porque en cierto modo los ciudadanos estiman que ese no es su problema.

Argentina es otro caso notable. Pese a las evidencias contra el kirchnerismo relativas a la corrupción existente durante sus 12 años de mandato, un porcentaje importante, cercano al 30%, sigue creyendo en la honestidad de Cristina Kirchner. Casualmente la misma cifra de aprobación que aún mantiene. Quizá por eso, una vez conocido el contenido de los cuadernos de las coimas (sobornos) y las primeras confesiones de los empresarios arrepentidos, dijo ante sus seguidores que no se arrepentía de nada.

Ahora bien, en los contratos públicos del transporte, los investigadores judiciales creen que los empresarios del sector pagaban a los políticos un 30% en sobornos, otro 30% se lo quedaban ellos y con el 40% restante mantenían el servicio contratado. Caso diferente pero similar es el de Lázaro Báez, uno de los testaferros de los Kirchner. Según relata Joaquín Morales Solá, en La Nación, logró al menos 35 obras en la provincia de Santa Cruz, de las cuales no construyó ninguna, si bien se llevó el dinero de todas.

Al igual que Lula da Silva, Cristina Kirchner ha adoptado una actitud victimista, acusando a la oligarquía, a la derecha neoliberal y al imperialismo de politizar la justicia y de responsabilizarlos, como a otros dirigentes “progresistas” (Rafael Correa entre otros), por impulsar políticas favorables a los sectores populares y contrarias a sus grandes intereses. Sin embargo, más grave aún es la postura de un importante número de intelectuales autoproclamados de izquierdas que también esgrimen el argumento de la persecución política.

Allí donde han explotado los mayores escándalos de corrupción se ha visto como ésta se alimenta de las arcas públicas. Es el saqueo del Estado por políticos, particulares y empresarios que parasitan las instituciones y viven de la apropiación ilegal del patrimonio común. Las comisiones sobre las obras públicas, de cualquier condición, es el mecanismo más corriente, pero los porcentajes aplicados varían según los casos.

Habrá que ver si es suficiente el camino iniciado por Colombia de apostar por una mayor implicación de la política o si es preferible la vía judicial de Brasil y Argentina, aunque el precedente de mani pulite en Italia no es muy halagüeño. La lucha contra la corrupción suele tener un alto componente desestabilizador y en ciertos casos, como en Brasil y Argentina, un elevado coste económico. Sin embargo, es un combate que hay que librar si se quiere evitar una gran frustración social que acabe no solo con la democracia sino también con las propias sociedades implicadas.

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