En Perú vive una mujer que dice ser la dueña de Machu Picchu y del terreno en el que los incas construyeron la famosa ciudadela.

Se trata de Roxana Abrill, quien asegura que el impresionante complejo arqueológico, le pertenece a su familia.

En 2003, Abrill interpuso una demanda de reivindicación de la propiedad contra el Estado peruano para que le devuelvan el terreno, ubicado en el sureño Cusco, o le paguen por este.

Tres años después amplió el reclamo para pedir que le restituyan las ruinas mismas.

Mientras Abrill sumaba batallas legales, en la última década los restos incas no han hecho más que incrementar su fama: en 2007 fueron elegidos como una de las siete maravillas del mundo moderno y el número de visitantes se ha disparado hasta alcanzar entre 3.000 y 6.000 diarios.

Pero en Perú no solo Abrill reclama la propiedad de las famosas ruinas.

Blanca Zavaleta afirma que ella y sus hermanos son dueñas de los terrenos que rodean Machu Picchu y en los que se encuentran unos caminos incas, populares entre viajeros aventureros.

Zavaleta también demandó al Estado peruano en 2005 para que le devuelvan la propiedad que reclama.

¿Qué argumentos tienen ambas para decir que el principal monumento turístico de Perú y sus alrededores les pertenecen?

Compra de terrenos

Después de casi 300 años de despojos, expropiaciones y ventas durante el dominio español y parte de la república, el terreno donde queda Machu Picchu llegó a manos de Mariano Ignacio Ferro.

Entre 1904 y 1910, este terrateniente compró a una familia de apellido Nadal una propiedad de unas 22.000 hectáreas, que incluía la ciudadela.

De hecho, Ferro ayudó a Hiram Bingham, el explorador estadounidense que dio a conocer Machu Picchu a todo el mundo, cuando este llegó a su terreno buscando “la última capital de los Incas”.

Ferro le recomendó gente del lugar para que lo guiara, según cuenta el libro “El último secreto de Machu Picchu”, del periodista Sergio Vilela y el historiador José Carlos de la Puente.

Después del estadounidense, empezaron a llegar cada vez más arqueólogos al terreno de Ferro para estudiar las ruinas, según detalla el libro.

En el texto, publicado en 2011 y reeditado en 2018, se lee que hubo un momento en que “Ferro fue notando que estas tierras le pertenecían cada vez menos”.

Herencia

El terrateniente dejó su propiedad en herencia a su hija Tomasa, quien se casó con el abogado José Emilio Abrill.

Ante la creciente popularidad de Machu Picchu,Abrill empezó unas largas gestiones para que el Estado le expropiara los terrenos a cambio de una compensación.

Los gobiernos de la época se vieron incapaces de calcular el precio que debían pagar a la familia.

Mientras, en los años 40 del siglo pasado Abrill vendió el 80% del terreno a Julio Zavaleta, y se quedó con la parte en la que se ubicaba Machu Picchu y otras cuatro ciudadelas, con la esperanza de que alcanzaría algún acuerdo de expropiación con el Estado.

Pero ese pacto nunca llegó, según las familias.

“El Estado había trazado una serie de normas sobre cómo se tenía que proceder en estos casos. Pero luego él mismo no respetó esas reglas de juego”, comenta De la Puente, uno de los autores del libro y profesor de historia de la Universidad del Estado de Texas, en EE.UU., a BBC Mundo.

Una de las leyes a las que se refiere el historiador es aquella de 1929 que estableció que “todos los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasaban a ser de propiedad del Estado peruano”, según la historia que recoge “El último secreto…”, y definió los pasos para expropiar e indemnizar a los dueños de los terrenos en los que se encontraran las ruinas.

Pero Roxana Abrill, bisnieta de Mariano Ferro y nieta de Tomasa Ferro y Emilio Abrill, asegura que Machu Picchu es de su propiedad.

Sostiene que la norma de 1929 no se aplica en su caso, porque los títulos de propiedad de su familia datan de entre 1904 y 1910.

“No se puede separar el terreno de los restos arqueológicos”, dice Abrill a BBC Mundo.

Su abogado, Fausto Salinas, defiende esta postura: “Antes de 1929, la ley decía que las construcciones (arqueológicas) seguían la suerte del terreno, por lo tanto, si uno era dueño del terreno, también era dueño de la construcción que había ahí”, señala a BBC Mundo.

Las autoridades peruanas opinan distinto. “El Estado considera que no hay un derecho de reivindicación del predio y que éste es el legítimo poseedor y propietario”, aseguró a BBC Mundo Henmer Alva, procurador del Ministerio de Cultura peruano.

Un juzgado de Cusco aún debe dictar sentencia en primera instancia en el caso de Abrill.

Mientras espera, la mujer siente que para el Estado “defender el patrimonio es no pagar a los Abrill”.

“Eso está errado. Si uno quiere defender el patrimonio, primero tiene que legalizar los títulos”, señala.

¿De todos?

En el caso de la familia de Blanca Zavaleta -que reclama la propiedad de los terrenos que rodean Machu Picchu- ya perdió contra el Estado en primera instancia y en una apelación.

El procurador del Estado peruano Henmer Alva dice a BBC Mundo que en este caso, “el juzgado concluyó que la expropiación se realizó de acuerdo a ley”.

Pero los Zavaleta han elevado el caso a la Corte Suprema y esperan que esta falle a su favor.

El procurador del Ministerio de Cultura insiste en que “no existe un derecho de propiedad reconocido” de las familias y que “históricamente, el Estado ha sido siempre propietario de los terrenos”.

Más allá de las batallas legales, la mayoría de los peruanos sienten que Machu Picchu es de todos. ¿Cómo decirles que tal vez esto no sea cierto?

El historiador De La Puente cree que hay una confusión en asumir que todo patrimonio es propiedad del Estado. “No necesariamente es así”, dice a BBC Mundo.

“Nuestro objetivo (al publicar el libro) no era abogar por la causa de Abrill”, afirma, “sino pensar qué significa que Machu Picchu sea de todos los peruanos y qué responsabilidades asumimos al decir eso”.

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