A pesar de que las leyes impiden que un político condenado en segunda instancia pueda presentarse a cargos públicos, el Partido de los Trabajadores (PT) registró este miércoles, ante el Tribunal Electoral, al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a la presidencia para los comicios de octubre.

Lula está preso desde abril, acusado de corrupción y lavado de dinero, pero desde su celda, en el sur del país, el expresidente sigue al mando del Partido de los Trabajadores e incluso determina los pasos de las demás formaciones políticas.

El guión de la historia comenzó a desarrollarse este mismo miércoles, pocas horas después de que Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y candidato a vicepresidente, Dilma Rousseff, expresidente, y Gleisi Hoffmann, presidenta del PT registraran a Lula como candidato oficial.

Raquel Dodge, la fiscal general, el más alto cargo del Ministerio Público Electoral, pidió que el TSE (Tribunal Superior Electoral) impugne la candidatura del político, que todavía es el favorito en las encuestas.

Con el gesto del PT y el contraataque de Dodge empezó la carrera para que el TSE evalúe las diferentes peticiones y decida si impugnará o no la candidatura. Aunque el desenlace más probable es que la candidatura sea impugnada por la justicia, la decisión final no se dará a conocer antes del 17 de septiembre.

Según la Ley de Ficha Limpia, sancionada durante el Gobierno del propio Lula, los candidatos condenados en segunda instancia por tribunales colegiados (con más de un magistrado) no pueden presentarse a las elecciones.

Sus abogados sostienen, sin embargo, que el expresidente tiene derecho a participar en los comicios. El principal argumento es que el caso de Lula no pasó por todas las cortes, por lo que aún existe la posibilidad de que la condena sea revertida en el Supremo Tribunal Federal.

Defienden, además, que el registro como candidato le garantiza a Lula se derecho a hacer campaña y tener su nombre en la urna de votación, aunque su candidatura sea cuestionada en la Justicia Electoral.

“Siempre se ha garantizado la presencia de candidatos ‘sub judice’ en las urnas”, afirma Luiz Fernando Casagrande Pereira, uno de los abogados electorales de Lula.

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Pereira argumenta que en las elecciones municipales de 2016 al menos 145 alcaldes que se encontraban en la misma situación de supuesta inelegibilidad que el expresidente fueron elegidos, y de ese total 98 ( el 70%) lograron revertir la sanción de inelegibilidad después de la elección y antes de la firma del documento de cargo público, por lo que pudieron tomar posesión de sus cargos.

Sin embargo, de acuerdo con las recientes declaraciones de Raquel Dodge y Rosa Weber, presidenta del TSE -dos piezas clave en ese juicio- Lula tendría pocas posibilidades de llevar a cabo una candidatura hasta el final de los comicios.

“La ley de las inelegibilidades debe ser asegurada para que solo los elegibles concurran y los inelegibles no financien sus pretensiones con recursos públicos. Es tarea de la Justicia Electoral anunciar al elector cuanto antes y con seguridad jurídica quiénes son los reales candidatos, es decir, los que tienen capacidad electoral pasiva y pueden ser votados según la ley vigente”, dijo Dodge este martes.

El líder de las masas y del escenario político

Desde su celda en la sede de la Policía Federal en Curitiba, al sur del país, Lula convirtió el trámite de su registro electoral un despliegue de popularidad. Compañeros de partido y sus seguidores organizaron la Marcha Nacional Lula Libre, en la que decenas de miles de personas (10.000 según la Policía; 50.000 según el PT) se desplazaron a Brasilia y marcharon hasta la puerta del Tribunal Electoral.

Durante el acto, Fernando Haddad leyó una carta de Lula que estaba dirigida al “pueblo brasileño”, en la que afirma ser “víctima de una cacería judicial”.

“El país necesita resolver su destino en las urnas, no con golpes. Con mi nombre aprobado en la convención (de su partido), la Ley Electoral garantiza que solo dejaré de ser candidato si muero, renuncio o si soy arrancado del pleito por la Justicia Electoral. No pretendo morir, no pienso renunciar y voy a pelear por mi registro hasta el final”, dice la carta de Lula.

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El hecho es que, incluso desde la cárcel, el expresidente sigue al mando no solo del PT sino que también domina todo el escenario político de Brasil. Hace dos semanas ordenó un acuerdo para retirar una de sus candidaturas regionales más fuertes, la de Marilia Arraes —nieta de una tradicional familia de políticos de la región Nordeste de Brasil y candidata al gobierno del estado de Pernambuco— para lograr el apoyo del Partido Socialista Brasileño (PSB) y así sofocar la candidatura de Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista – PDT), candidato de centroizquierda que disputará con Lula la presidencia de la República.

En la misma semana construyó una alianza con el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), luego de convencer a Manuela D’Ávila para que abandonara su propia candidatura para apoyarlo.

Lo que se pronostica es que si al final Lula no logra presentarse, Haddad le sustituiría, con D’Ávila como vicepresidente. En este escenario, el PT pretende transferirles a ellos gran parte de los votos del expresidente.

Haddad ha concedido entrevistas en las que parece ser el candidato de hecho, lo que ha desagradado a parte de la militancia del PT, que insiste en defender la candidatura de Lula y en decir que él es un preso político.

Por otro lado, al no ser el candidato formal, Haddad fue excluido del primer debate de televisión de la campaña entre los presidenciables, que se realizó hace una semana.

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