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Honduras, ‘RBF’, Se expande contra testaferros, lavadores y corrupción

Permite conocer “en carne y hueso” quiénes son los beneficiarios de las redes obscuras.

El Registro de Beneficiarios Finales (RBF) es una herramienta contra el lavado de activos, evasión y salida de capitales a paraísos fiscales que cada vez más se expande en los países de América Latina donde existe una lucha en contra de la corrupción pública y privada.

Se trata de una lista donde aparecen los propietarios de las compañías o empresas. Nació en Europa para atacar y reducir la evasión donde ha permitido mejorar los ingresos fiscales en beneficio de la sociedad.

El RBF ya está vigente en Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Uruguay; consiste en conocer en “carne y hueso” a los verdaderos dueños de las empresas y detectar así los dineros provenientes del crimen organizado o la corrupción paraestatal.

“En Honduras es necesario, porque el crimen organizado produce ganancias ilícitas y para poder invertir en empresa criminal, entonces, se necesita lavar”, sugirió Nicolás Negri, coordinador para el lavado de activos y representante de GAFI para la Argentina, durante el III Encuentro de Periodistas en Buenos Aires, Argentina. “Es necesario conocer quién está atrás. Son negocios lícitos, pero que esconden bienes ilícitos”, agregó Negri.

DEVELA TESTAFERROS

Esta figura se complementa con otros mecanismos legales y es efectiva para detectar testaferros en casos de corrupción o blanqueo de capitales por narcotraficantes, políticos o por ambos, señalaron expositores.

Fue creada después de la crisis financiera internacional de 2008 cuando los gobiernos se vieron en la necesidad de acceder a mayores recursos para enfrentar la quiebra de empresas y bancos.

Tomó más fuerza después de las filtraciones masivas que conmovieron los cimientos de las sociedades como los “Panamá Papers” o papeles de Panamá, que dejaron al descubierto una entramada red de empresas “fantasmas” a escala planetaria.

Honduras está inmersa en la problemática de fuga de capitales a jurisdicciones offshore, pese a que el mayor problema es la falsa facturación que investigaciones especializadas recientes la ubican en el 48 por ciento del PIB anual en evasión.

FUGA DE CAPITALES

La economía hondureña, pese a ser pequeña, aparece en los primeros lugares junto a México, Argentina, Guatemala y Costa Rica por fuga de capitales, de acuerdo a un informe de Global Financial Integrity.

Según este reporte, anualmente sale de Honduras un promedio de 5 mil millones de dólares al exterior mediante distintas formas evasivas y elusivas que dejan de tributar al fisco nacional.

Promotores del Registro de Beneficiarios Finales argumentan que en el Triángulo Norte de Centroamérica urge implementar esta figura, por ser blanco del narcotráfico y altos índices de corrupción.

En los países donde se han implementado el Registro de Beneficiarios Finales, los operadores de justicia han podido desmantelar las redes criminales, sin embargo, el delito siempre estará un paso delante de la justicia.

El RBF tiene dos versiones; de acceso público que es la más pura, y la aplicación con acceso restringido. La primera opción es de uso común en los países europeos, mientras que la segunda es la que se está aplicando en América Latina.

La aplicación persigue ciertos objetivos como el de Costa Rica donde la Asamblea aprobó un Registro de Beneficiarios Finales manejado por el Banco Central y de accesibilidad reducida ya que se hizo con el fin de cumplir un requisito para entrar a la OCDE.

La implementación en Argentina está en pleno debate entre los sectores de la sociedad civil y el gobierno, ya que al igual que Costa Rica se busca ingresar al organismo internacional que antes de aprobar el acceso pide este y otros requisitos.

TRANSPARENCIA FINANCIERA
Útil para periodismo de investigación

El director ejecutivo de FTC, Sargón Nissan abordó el tema en las reuniones G20 en Buenos Aires.

Sin saber quién tiene el control de una red delictiva, es difícil atacar la corrupción, el lavado, la evasión y elusión fiscal, sostiene el director ejecutivo de la Coalición de Transparencia Financiera (FTC), Sargón Nissan.“Sin saber quién es el beneficiario final de un flujo de capital los corruptos pueden utilizar estructuras complicadas de organizaciones que tienen filiales, pero el control que hace el comercio no es claro”.

“Algunas multinacionales utilizan esas redes para pagar precios que no son los precios verdaderos, que son estructuras legalmente diferentes, pero en la realidad no tienen una diferencia de beneficiario final”. Entonces, “sin saber quién es no es posible poder identificar la corrupción, la evasión y también la elusión”. Resume que un Registro de Beneficiarios Finales sirve a todos los operadores de justicia y sociedad en general interesados en reducir la opacidad. “También se puede utilizar por los periodistas de investigación para saber quién es el beneficiario final de una inversión de empresas de infraestructura con relaciones entre empresarios y políticos”. Nissan de origen croata enumera a 45 países que hoy día tienen Registro de Beneficiarios Finales como herramienta que podría ayudar a atacar la corrupción en Honduras.

LATINDAD
Costa Rica aprobó RBF con acceso restringido

Según Jorge Coronado de Latindadd, la experiencia costarricense es un mal precedente en la región, y también ve difícil que se apruebe un RBF en Honduras.

En Costa Rica se aprobó un Registro de Beneficiarios Finales restringido y se hizo para acelerar el acceso a la OCDE, no por un interés genuino de combatir la defraudación, explica por aparte, Jorge Coronado miembro de la Red Latinoamericana de Justicia Fiscal Latindadd.

“Es por cumplir con ese requisito, porque restringió mucho el tema de beneficiario final, porque se supone que el punto máximo es que haya reportes públicos. Hubo un lobby de los sectores empresariales que se oponían porque hablaban de que el beneficiario final acaba con el secreto bancario”.Refiere que el sector privado costarricense se agarró del argumento que el secreto financiero es la piedra de la propiedad privada para reducir el alcance del Registro de Beneficiarios Finales.También se cerraron en que al ser débil la administración tributaria, eso ponía en riesgo la identidad de los empresarios, un argumento que pone en duda Coronado ya que al final lo que se quería era mantener la opacidad.