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Honduras, «Normalizada» tras las denuncias de fraude electoral

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Antes de que en abril estallaran los disturbios en Nicaragua, en Honduras los manifestantes salieron a las calles durante semanas, en protesta por el presunto fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017. Las marchas se prolongaron hasta febrero de 2018, pero luego decayeron, a diferencia de lo que está ocurriendo en Nicaragua.

A pesar de que muchos en Honduras, incluso partidarios del reelegido Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, creen que efectivamente este se impuso por medio del fraude, la cuestión es que ciudadanos y políticos han acabado aceptando el resultado electoral, como ha ocurrido con la propia Organización de Estados Americanos (OEA), que en su día intentó esclarecer lo ocurrido.

La falta de pruebas definitivas de trampa en los comicios y la constatación de que en Honduras la democracia tiene mejor salud que en Nicaragua, donde rige el nepotismo de la familia Ortega, llevó a la oposición a resignarse a utilizar los cauces parlamentarios para fiscalizar al Gobierno. A muchos electores tampoco pareció importarles la continuidad de Hernández, más allá de desaprobar la manera con que forzó la posibilidad de reelección, algo no previsto en la Constitución: al fin y al cabo su primer mandato fue de cierto éxito, en materia de infraestructuras viarias y en la reducción de la elevada tasa de homicidios del país.

El hecho de que la candidatura rival fuera en cierta medida bicéfala –el candidato era el presentador de televisión Salvador Nasralla, pero el principal partido de la coalición de apoyo era el del expresidente Manuel Zelaya– perjudicó la unidad de acción de los opositores.

Tampoco al tercer candidato en discordia, Luis Zelaya, del Partido Liberal, le interesó que Nasralla llegara a presidente y rompiera así el bipartidismo histórico que ha existido en el Gobierno de Honduras entre conservadores y liberales. Ese bipartidismo fue amenazado cuando Manuel Zelaya abandonó el Partido Liberal, tras ser arrojado del poder en 2009 en un golpe contra el Ejecutivo, y creó su propio partido, Libertad y Refundación (Libre).

Narcotráfico y maras
«El país se ha polarizado, y eso deja al Partido Liberal en medio; nuestra misión es reconstruir nuestro espacio», afirma Luis Zelaya, convencido de la estabilidad que aporta al país el bipartidismo tradicional, más vivo que en otros países de la región. En las elecciones legislativas, que tuvieron lugar junto con las presidenciales, el Partido Nacional obtuvo 61 puestos en el Congreso; el Partido Libre, 30, y el Partido Liberal, 26.

El clima político «se ha degradado por la corrupción, que ha venido a corroer las instituciones», declara el líder del Partido Liberal. Esa corrupción ha sido impulsada por el mayor uso del suelo hondureño que ha hecho el narcotráfico. Luis Zelaya apunta que las rutas del narcotráfico fueron propiciadas en Honduras por parte de Estados Unidos, cuando a comienzos de la década de 1980 Washington quiso financiar la compra de armas para la Contra nicaragüense, parte de la cual se organizaba desde dentro de las fronteras de Honduras. «Aunque eso cesó con los acuerdos de paz en Nicaragua, las rutas quedaron ahí para luego ser aprovechadas en la década de 1990 por los grandes capos colombianos, luego sustituidos por los mexicanos».

Según Zelaya, el esfuerzo de los últimos gobiernos de Colombia y de México contra la droga en sus respectivos territorios ha hecho que en Centroamérica, y especialmente en Honduras, aumente el problema. Primero el paso de los narcóticos se pagaba en dólares, pero luego se pasó a pagar con droga misma, lo que ha aumentado los índices de violencia.

«De ser un país de tránsito, pasamos a ser un país de crimen organizado, el cual se ha apoyado en la existencia de las pandillas o maras», comenta un destacado empresario hondureño, que prefiere no ser citado con su nombre. Con sede en San Pedro Sula, la ciudad con mayor actividad económica del país, este empresario ha sufrido intentos de extorsión por parte de esas bandas, como una gran parte de quienes tienen algún negocio.

La gestión de Juan Orlando Hernández ha sido positiva en la reducción de la violencia. «Ha detenido a diversos capos de la droga y los ha extraditado a Estados Unidos y ha levantado nuevas cárceles de máxima seguridad que parecen estar siendo realmente efectivas. Ha avanzado mucho en poco tiempo. Ahora viene la tarea más ardua, que es encontrar los rastros del dinero, pues muchos narcotraficantes son ahora personas de negocios orientados a lavar dinero», refiere el empresario.

Las cifras, desde luego, hablan de una reducción de los homicidios. En 2017 esta se situó en 42,8 homicidios por 100.000 habitantes, frente a los 59 del año anterior o el récord de 86 en 2012, según la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras. Con los mejores resultados en diez años, San Pedro Sula y Tegucigalpa han salido del ranking de ciudades más violentas del mundo: la ciudad norteña, junto al Caribe, ha bajado del puesto 3 al 26, y la capital del 4 al 35, en la lista de ciudades más peligrosas elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social de México.

Corregir la corrupción
La lucha contra la corrupción no puede calificarse de tan exitosa, pero también ha habido progresos. Hace dos años se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una iniciativa puesta en marcha por la Organización de Estados Americanos (OEA), a semejanza de la labor que realiza en Guatemala la CICIG, impulsada por la ONU en 2006.

Es poco habitual que haya países que acepten ceder parte de su soberanía en materia de justicia criminal a entidades de naturaleza internacional. Lo hacen ante la incapacidad de las propias instituciones para hacer frente a sus niveles de corrupción política, y no sin ciertas salvaguardas y limitaciones. Si la CICIG tiene en Guatemala la potestad para presentar cargos directamente ante los tribunales del país, la MACCIH tiene vedada ese vía directa y tiene que dejar que sea la propia Fiscalía hondureña la que asuma la presentación de cargos. Además, la clase política hondureña en general, y el Gobierno en particular, han promovido medidas para quedar menos expuestos ante la MACCIH.

De todos modos, expertos consideran positiva la iniciativa, sobre todo porque a pesar de estar en sus comienzos ha podido promover la condena de una docena de funcionarios públicos, entre ellos dos antiguos viceministros y un magistrado de la Consejo Judicial (la acción contra la esposa del anterior presidente, sin embargo, se ha topado con mayores obstáculos).

«La corrupción no puede arreglarse de un golpe, porque ir contra muchos políticos a la vez puede derivar en ingobernabilidad, y esa esa la mejor receta para que surja un Chávez que acabe con la democracia», considera el citado empresario, conocedor directo de los máximos dirigentes políticos. «Hay que hacer pagar a los culpables, porque la impunidad daña a las instituciones, pero el proceso de corrección debe llevar su tiempo», aconseja.