Tegucigalpa, Honduras.

Así lo advirtió la dirigente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Maribel Espinoza, sobre el aseguramiento de varios edificios propiedad del Partido Liberal.

El MP acusó a unas 38 personas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de haber desviado unos L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante la gestión de un dirigente liberal.

Espinoza reconoció que las autoridades solo estaban cumpliendo con su deber, pues “como abogada yo soy respetuosa de esos actos procesales”.

“Los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución de la República, son instituciones de derecho público a los cuales se les garantizan los derechos esenciales como su existencia, funcionamiento y libertad de reunión para sus afiliados”.

“El CCEPL es el centro por excelencia de reunión política de los ciudadanos simpatizantes del Partido Liberal”.

“Si la carta magna garantiza el funcionamiento del CCEPL no puede haber ninguna medida cautelar que lo impida”.

“Ese es parte del escrito que ayer mismo le presenté al MP y espero que hoy lo resuelvan a nuestro favor”.

“Nosotros tenemos nuestra argumentación para demostrar a la jueza de privación de dominio y al propio Ministerio Público que no se dan los supuestos para un aseguramiento de la sede liberal”.

ESTRATEGIA

Por su parte, el dirigente liberal Octavio Pineda, aclaró que, “lo que se registró fue un aseguramiento del bien y no una incautación”.

“En el caso del aseguramiento solo bastaba que la jueza enviara una nota al Instituto de la Propiedad (IP) en el sentido que no se podían celebrar actos y contratos sobre estos bienes”, dijo.

“Pero eso será el argumento que nuestros abogados establecerán en la estrategia que el Partido Liberal definirá en breve”.

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