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Honduras, Lujosas mansiones fueron aseguradas en caso “Pandora”

Tegucigalpa, Honduras.

Por se­gundo día consecutivo, los ase­guramientos de bienes en el sona­do caso “Caja de Pandora” conti­nuaron tanto en Omoa, Cortés co­mo en Comayagua, Olancho y Te­gucigalpa en Francisco Morazán.

Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), informó que las acciones de ayer son parte de la continuación de los aseguramien­tos que iniciaron el martes pasado cuando fueron intervenidas las se­des de los partidos políticos Libe­ral y Nacional.

Dijo que en Tegucigalpa esta­ban agendados 6 aseguramien­tos en las colonias Roble Oeste, Kennedy y el centro de la ciudad; mientras que en Omoa, Corés se tomó posesión de una sociedad mercantil propiedad de Jacobo Regalado, en tanto que en Coma­yagua también son inspecciona­dos varios inmuebles.

En ese sentido en Omoa se ase­guró una sociedad mercantil que parte de ella está a nombre del ex­ministro de la Secretaría de Agri­cultura y Ganadería (SAG), Jaco­bo Regalado, quien guarda prisión por el caso “Caja de Pandora”.

El edificio “La Cumbre”, del Partido Liberal fue intervenido y asegurado

DINERO PRESTADO

En la propiedad, ubicada en la aldea Potrerillos, según se conoció hay entre 8 a 10 piletas que son uti­lizadas para la crianza de tilapia y en las cuales se realizó una recien­te inversión de unos 7 millones de lempiras.

El dinero para dicha inversión, según un allegado a la familia, fue concebido mediante un préstamo a una institución bancaria y que, en ese sentido, se puede demos­trar que el dinero no fue tomado de las arcas de la institución que en ese momento dirigía Regalado.

“Todo el terreno es de la fami­lia, tanto de la madre como el pa­dre de Jacobo, el solo ocupaba una parte del terreno que es donde tie­ne plantada la crianza de tilapias”, comentó el conocido.

Lo agentes se apoderaron una propiedad de Jacobo Regalado.

Por otra parte, los asegura­mientos también se realizaron en esta ciudad, con el edificio “Las Cumbres”, propiedad del Partido Liberal y que está ubicado sobre la Avenida Cervantes en el pro­pio centro.

Asimismo, dispusieron de un edificio ubicado en la colonia Ken­nedy y que es utilizado como se­de alterna de ese instituto político.

De igual manera en la colo­nia Roble Oeste, los agentes de la ATIC llegaron a una lujosa casa.

En esa misma colonia se ase­guró un edificio de condominios.

El vocero de la ATIC explicó que con los aseguramientos se evi­ta que los propietarios de los bie­nes vendan o donen los inmue­bles.

Agregó que para las personas que están viviendo en esas casas o rentando los locales, la Oficina Administradora de Bienes Incau­tados (OABI) tiene sus respecti­vos protocolos para manejar esos casos.

Los aseguramientos de bie­nes y congelamientos de cuen­tas bancarias a los involucrados en el caso “Caja de Pandora” ini­ciaron anteayer y son efectuados por el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investi­gación Criminal (Atic) en acom­pañamiento con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Esta lujosa vivienda ubicada en la colonia El Roble Oeste, es parte de los inmuebles que pasaron ayer a la OABI en Tegucigalpa.

El MP indicó que en total son 46 bienes inmuebles a ser asegu­rados, así como nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cua­tro cuentas bancarias y dos certi­ficados de depósito; todo lo ante­rior perteneciente a personas na­turales o jurídicas.

El caso “Caja de Pandora”, es un acto de corrupción en el que más de 282 millones de lempiras fueron desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y su­puestamente se utilizaron en cam­pañas políticas de los partidos Li­beral, Nacional y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia.

“Por lo que los bienes asegura­dos fueron comprados con dine­ro de la SAG”, según el ente acu­sador.

Por otro lado, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MAC­CIH), de la Organización de Esta­dos Americanos (OEA), emitió un comunicado en el que explicó que el aseguramiento se hizo, porque el dinero sustraído de la SAG sir­vió para comprar los bienes obje­to de medidas, pues los usaron pa­ra desviarlo o se mezcló con otros bienes de origen lícito.

En otros casos se aplicó la figu­ra de bienes equivalentes para cu­brir el valor sustraído, porque no hay forma de detectar en qué se invirtió.

“La MACCIH-OEA en cumpli­miento a su mandato vienen cola­borando y acompañando a la Uni­dad Especial de la Fiscalía contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MP) en la solicitud ante el Juzgado de Privación de Domi­nio, requiriendo el aseguramien­to de bienes de origen ilícito y por valor equivalente, de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley de Pri­vación de Dominio”, indica el co­municado.

La OEA y el Gobierno hondu­reño crearon la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impuni­dad (MACCIH) como asesor del Ministerio Público.

El aseguramiento solo es la prohibición para celebrar actos sobre las propiedades, o sea, ven­derlos, regalarlos o hipotecarlos. La incautación es cuando la Fisca­lía toma posesión de ellos.

En ese caso, la Oficina Admi­nistradora de Bienes Incautados se limitará a recibir los documen­tos -escrituras o certificados ban­carios- que fueron asegurados.

“La medida precautoria so­bre esos bienes se hace en un jui­cio distinto al penal que se enta­bló contra los procesados por el la­trocinio. No hay sentencia de cár­cel, nada más se resuelve si se emi­te comiso -pasan a favor del Esta­do- o se devuelve a sus dueños”.

La UFECIC acusó a 38 perso­nas por varios delitos, en su mayo­ría por lavado de activos, por su­puestamente participar en la mal­versación por medio de dos fun­daciones.

Solamente cuatro de los acu­sados guardan prisión y otros 24 se defienden en libertad. Tres fue­ron sobreseídos y siete están pró­fugos.

A la mayoría de los que estaban acusados por lavado de activos se le modificó a complicidad.

La MACCIH, indicó que ante la imposibilidad de recuperar el dinero sustraído, se solicitó que se aseguraran bienes de origen líci­to por el valor equivalente a lo de­fraudado para cubrir el monto de lo sustraído de las arcas estatales.

Activistas del Partido Nacional se apostaron frente a las instalaciones de la sede para exigir justicia y que se les devuelva el edificio.

ACTIVISTAS PROTESTAN

Mientras las acciones de asegu­ramiento se realizaban “cachure­cos” y liberales llegaron a las sedes de sus partidos donde protestaron ante la investigación del caso “Ca­ja de Pandora”, pues no creen que esos bienes hayan sido comprados con dinero ilícito.

A la sede del Partido Nacio­nal ubicada en la segunda aveni­da, frente al Parque El Obeliso de Comayagüela, llegaron varios ac­tivistas quienes se ubicaron en las afueras de dicho centro para de­fender las instalaciones y exigir a las autoridades que se las de­vuelvan.

Por su parte, los liberales asis­tieron a la sede de su partido en la colonia Miramontes donde al­gunos dijeron que “estamos dis­puestos si es posible con sangre a defender el patrimonio de nues­tro partido. No es posible que un patrimonio de 127 años, vengan hoy a querérselo llevar estos de­lincuentes”.

Tanto liberales como cachure­cos manifestaron que estarán en las sedes de sus partidos el tiem­po que sea necesario.

Varios son los políticos de Honduras que se han visto afec­tados por los aseguramientos de bienes y congelamientos de cuen­tas bancarias por el caso “Caja de Pandora”.

Solo dos diputados del Parti­do Nacional, con sus cuentas ase­guradas, suman más de 10.3 millo­nes de lempiras (más de 426 mil dólares).

Los funcionarios afectados por estas acciones son acusa­dos de encubrimiento en el ca­so donde se desviaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ga­nadería.

Sinpatizantes del Partido Liberal se reunieron en solidaridad con las autoridades por la crisis que enfrenta esa institución política.

 

Estos condominios fueron asegurados en El Roble Oeste.