Cuatro testigos que darían su testimonio a favor del exdiputado por el departamento de Olancho, Fredy Renán Nájera, acusado de delitos de narcotráfico, fueron rechazados por el Tribunal de Estados Unidos en Nueva York por carecer no solo de sustento relevante o material para el juicio, sino también porque a la fecha tampoco mostraron interés ni prontitud para tramitación legal de sus viajes con este propósito de asistencia judicial.

Lo anterior, es parte del resumen explicativo que sustenta un memorándum de ley que contiene 22 páginas en donde la Fiscalía estadounidense analiza conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Penal en ese país si son relevantes o no los testimonios que aportarán los testigos propuestos para el caso.

En ese sentido, el demandado, Fredy Renán Nájera, tampoco ha establecido que los testigos no están disponibles y el testimonio ofrecido no es material según la Regla 15. Es decir que el testimonio ofrecido es material, es decir, “altamente relevante para un asunto central en el caso y hasta cierto punto exculpatorio, por lo que “el demandado no ha cumplido con su carga en cada requisito”.

“Por las razones anteriores, la moción del acusado de deponer a cuatro testigos en Honduras, de conformidad con la Regla 15, debe ser denegada”, concluyen en el documento que rescata también que tomar estas declaraciones sería solo “en interés de la justicia”.

Fredy Renán Nájera propuso mediante su abogado Víctor Rocha, como testigos potenciales de defensa a Rigoberto Méndez Paz, Ángel Danery Cardona Castro, Leonardo Martínez Rivera y Balbina Pacheco.

Todos ellos, darían testimonios ante acusaciones a Nájera referentes a: el estado del acusado como congresista hondureño, sobre los esfuerzos para modificar la política de extradición hondureña, testimonio sobre la naturaleza violenta de “Los Cachiros”, sobre el intento de asesinato del acusado y testimonio sobre el asesinato de Claudio Rigoberto Méndez.

DETALLE DE LAS RAZONES

Mientras la defensa de Nájera, Víctor Rocha, afirma que después de numerosas conversaciones con los cuatro testigos, determinó que no desean viajar a los Estados Unidos para testificar en nombre del acusado porque no tienen documentos de viaje y no tienen los fondos para trasladarse, en el memorándum legal del 27 de agosto enviado por la Fiscalía al juez Paul G. Gardepephe, detalla las razones.

Según la defensa de Nájera, Los Cachiros mostraron “deseo de que los políticos en Honduras abolieran el tratado de extradición aprobado recientemente”.

Primero, “no está claro si el abogado de la defensa ha estado en contacto con cada uno de los cuatro testigos, y el abogado ofrece solo afirmaciones vagas y concluyentes con respecto a su disponibilidad para testificar en el juicio”.
“La defensa también se ha negado a proporcionar información básica de identificación al gobierno que facilitaría los esfuerzos para ayudar a los testigos a obtener autorizaciones de viaje para que puedan viajar al distrito y testificar en el juicio”.

En segundo lugar, el demandado no ha proporcionado a la Corte suficiente información para determinar si el testimonio de deposición que busca obtener sería material. Los detalles proporcionados sugieren fuertemente que las deposiciones solicitadas no arrojarían información material porque el testimonio sería acumulativo de otras pruebas, inadmisible o incompatible con cualquier teoría de defensa viable.

En tercer lugar, las consideraciones compensatorias también respaldan la denegación de la moción. Debido a que Honduras no extraditará a sus ciudadanos a los Estados Unidos a los efectos de un enjuiciamiento por perjurio, un incentivo clave para la verdad y la confiabilidad estaría ausente de las deposiciones.

Además, aunque el Gobierno desconoce una instancia en la cual un ciudadano hondureño fue depuesto en el extranjero en relación con un caso penal estadounidense, las deposiciones en Honduras relacionadas con casos civiles estadounidenses normalmente son llevadas a cabo por un juez hondureño sobre la base de preguntas escritas de las partes.

Las consultas a la Corte Suprema de Honduras y al Ministerio Público de Honduras sugieren que lo mismo sería cierto en este caso. Por lo tanto, no está claro que ni siquiera el abogado defensor, y mucho menos el Gobierno, pueda formular preguntas a los testigos, lo que dificultaría aún más la investigación y el interrogatorio.

Finalmente, las consideraciones de seguridad relacionadas con Honduras en general, y esta investigación específicamente, también pesan en contra de permitir que el acusado realice las declaraciones. En consecuencia, la moción del demandado debe ser denegada, resumen en el documento que sustentó la denegatoria presentada por la defensa del exdiputado Fredy Renán Nájera.

NÁJERA Y CARTEL DE SINALOA

La Fiscalía estadounidense insiste que establecerá en el juicio que el diputado Fredy Nájera “participó en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas con una variedad de traficantes importantes en Honduras, Guatemala y México durante un largo período, incluso cuando actuó como congresista hondureño en representación del departamento de Olancho”.

En tal sentido, como contenido de fondo de la solicitud de denegatoria de los cuatro testigos, relata las actividades de narcotráfico del acusado como parte de las conexiones que las bandas de narcotraficantes han tenido no solo con militares, sino con otros funcionarios y políticos hondureños desde el 2004.

En ese tiempo, según el documento fiscal, “varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que operan en Honduras trabajaron en conjunto con políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal militar para recibir grandes cargamentos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente a través de México hacia los Estados Unidos”.

En ese sentido, el acusado Fredy Nájera centró en su moción de testigos para su defensa sobre las acusaciones sobre “una sola organización del narcotráfico hondureña violenta” o “DTO”, que parece ser una referencia del grupo conocido como “Los Cachiros” y dirigida por, entre otros, el testigo colaborador Devis Leonel Rivera Maradiaga.

(…) pero Los Cachiros no es el único grupo de tráfico de drogas al que el acusado asistió, aseguran los investigadores norteamericanos.

Por el contrario, “el gobierno (de EE UU) establecerá en el juicio que el acusado participó en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas con una variedad de traficantes importantes en Honduras, Guatemala y México durante un largo período, incluso cuando actuó como congresista hondureño en representación del departamento de Olancho”, afirma la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York siendo el representante del caso el fiscal Geoffrey S. Berman.

Añade el documento con información de fondo que “aunque algunos de estos traficantes estructuraron sus relaciones de forma similar a las organizaciones formales, el acusado desempeñó un papel similar al de un corredor y buscó enriquecerse a través de una variedad de conductas de tráfico de drogas aprovechando su poder político, autoridad y acceso”.

Además de “Los Cachiros”, por ejemplo, el acusado trabajó con Fabio Porfirio Lobo, quien es hijo de un expresidente de Honduras, y un miembro de alto rango del cartel de Sinaloa de México para ayudar a recibir envíos de drogas en un importante centro comercial de envíos en Puerto Cortés, Honduras, acusan.

“El acusado también trabajó con uno o más asociados de mexicanos ahora detenidos, el capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” para transportar cocaína dentro de Honduras para que pueda ser importado a los Estados Unidos por el cartel de Sinaloa”, aseguran.

JUICIOS NO INICIADOS

Aproximadamente a principios del 2014, meses después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros había designado públicamente a “Los Cachiros” de conformidad con la Ley de narcotráfico y colocó sanciones financieras contra Devis Leonel Rivera Maradiaga, el acusado Fredy Renán Nájera se reunió en Honduras con, entre otros, Rivera Maradiaga, congresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, y Juan Ramón Matta Waldurraga, redacta el documento.

Durante la reunión, que Rivera Maradiaga capturó en video, el acusado Fredy Nájera y otros en el grupo hablaron extensamente sobre las estrategias para lograr un trato favorable para los narcotraficantes por parte del gobierno hondureño, más violaciones de la ley hondureña en relación con los asesinatos, añade la investigación sobre el caso.

Luego de un juicio en Honduras, el acusado no fue condenado. Sin embargo, en la apelación, la Corte Suprema de Honduras (CSJ) ordenó un nuevo juicio mismo que aún no se ha llevado a cabo y el gobierno entiende que uno o más cargos contra el acusado siguen pendientes, incluyendo delitos de asesinato.

“Aproximadamente en octubre del 2012, (i) un pariente informó a Devis Leonel Rivera Maradiaga (” Relativo-1 “) que el demandado Fredy Nájera y otros buscaban matar al Relativo-1, (ii).

Rivera Maradiaga ordenó a un asociado que contratara a un asesino para ayudar al Relativo-1 a tomar represalias contra el acusado Fredy Nájera, (iii) le dijeron a Rivera Maradiaga que un asesino a sueldo encabezó un ataque contra el acusado Fredy Nájera que resultó en la herida hacia él.

Más tarde le dijeron a Rivera Maradiaga que el acusado Fredy Nájera y otros causó un ataque contra Relativo-1 y sus asociados, lo que condujo al asesinato de Méndez y otros, y (v) en relación con una tregua que involucraba al acusado y otros narcotraficantes, Rivera Maradiaga persuadió al Relativo-1 de no testificar ni proporcionar evidencia contra el demandado en relación con estos incidentes”, relata la Fiscalía de Nueva York en torno al quehacer supuestamente delictivo del exdiputado.
Frente a todo esto, el 18 de agosto del 2018, en un esfuerzo por facilitar los esfuerzos del acusado para obtener el testimonio ofrecido de las cuatro personas que propuso, el gobierno norteamericano solicitó asesoramiento a las fechas de nacimiento de los Testigos y los números de pasaporte hondureños para realizar consultas con el Departamento de Estado y la Administración Antidrogas (“DEA”) con respecto a si se pueden obtener visas u otro tipo de alivio de inmigración que permita a los Testigos asistir al juicio, pero la defensa no proporcionó tal información.

El acusado tampoco demostró que los cuatro testigos, que identificó como Rigoberto Méndez Paz, Ángel Danery Cardona Castro, Leonardo Martínez Rivera y Balbina Pacheco, ni ninguna otra persona hicieron esfuerzos para obtener los documentos de viaje necesarios, “incluso el abogado se ha negado a ofrecer la información básica que es necesaria para que el gobierno de los Estados Unidos brinde asistencia”, según parte de las conclusiones destacadas del documento legal de deposición de la moción de la defensa de Fredy Renán Nájera Montoya.

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