Tegucigalpa, Honduras.

Ante la iniciativa de reforma al artí­culo 184 del Código Procesal Penal, presentada el pasado martes 21 de agosto, por el dipu­tado Marcos Velásquez, destinada a habilitar a los jueces para que concedan medidas sustituti­vas a la prisión a quienes hayan cometido algu­no de una lista de 21 delitos graves, dirigentes de organizaciones no gubernamentales creen que “este es un muy mal mensaje que podría ser interpretado como un intento de beneficiar a los políticos que ahora están siendo perseguidos por el Ministerio Público (MP)”.

¿Porqué antes, cuando se aprobó esta medida, cuando sirvió para golpear narcos y mareros, nadie dijo nada, porque ahora que el MP, toca a los poderosos corren a modificarla? se preguntó Omar Rivera Pacheco.

El dirigente de la sociedad civil dijo que “no se puede dejar abierto el espacio que en el pasado sirvió para que muchos escaparan de ser castigados y muchos jueces se vendieran al mejor postor”; agregó que “sobre quienes se tiene sospechas que pudieran darse a la fuga u obstaculizar aplicación de justicia no se le pueda dar medidas sustitutivas de prisión cundo se trata de delitos graves relacionados al narcotráfico, corrupción o lavado de activos”.

“Esta reforma podría ser contraproducente, pues de aprobarse, muchos representantes legales de imputados acusados de graves delitos bien podrían solicitar cambio de medidas y eso -de ser efectivo- podrían facilitar que los acusados en libertad obstruyan la aplicación de la justicia o huyan” indicó.

Rivera Pacheco, planteó que “debe obligatoriamente escucharse la opinión del Poder Judicial al respecto, y tomarse en cuenta lo que ya ha dicho al respecto MP y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), y varias organizaciones de la sociedad civil”.

“Hay que dar mensajes claros de que todo luchamos contra el crimen y la corrupción; muchas de estas acciones confunden. ¿Para qué tocar lo que está bien?” culminó exteriorizando.

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