Una vez que se pronuncia la palabra genocidio, el mundo no puede permanecer impasible. Y un informe encargado por Naciones Unidas la acaba de pronunciar en el caso de la persecución de la minoría musulmana rohingya en Myanmar (antigua Birmania). El documento de la ONU acusa a altísimos cargos militares del país de planificar un intento de genocidio contra este pueblo con la complicidad de las autoridades civiles. La investigación recoge los testimonios de 875 víctimas de la violencia masiva que hace un año provocó al menos 10.000 asesinatos y 725.000 refugiados. Además de los asesinatos y expulsiones, las mujeres rohingya han sufrido un grado de violencia sexual organizada espeluznante.

El concepto de genocidio fue acuñado durante la II Guerra Mundial para describir el Holocausto, un crimen para el que no existía nombre. Fue adoptado por la ONU en 1948 como “el intento de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico o racial en su totalidad”. En otras palabras, define la voluntad de perseguir y matar a personas solo por el hecho de haber nacido. Es el crimen más grave que se puede cometer.

El problema es que resulta muy difícil de probar por el concepto de intento, ya que es necesario demostrar que los actos cometidos tenían la voluntad de destruir en su totalidad a un pueblo. Por eso no hay tiempo que perder: los expertos consideran que la investigación internacional debe empezar cuanto antes para acumular pruebas en los campos de refugiados donde se hacinan cientos de miles de supervivientes. El Consejo de Seguridad tiene la capacidad legal para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que actúe. La ONU sostiene que el nivel de “impunidad” en Myanmar es “estremecedor”. Es imposible garantizar que no se vuelva a cometer una atrocidad como esta. Pero la comunidad internacional sí debería demostrar que aquel que la cometa será llevado ante la justicia.

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