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Crecen las protestas en Israel contra la nueva ley del Estado judío

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“A mis hermanos los combatientes drusos quiero pediros perdón porque nuestro Gobierno, el mío y el vuestro, decidió destrozar la unión fraternal y de sangre entre nosotros que se mantuvo durante 70 años, y todo para conseguir algunos votos más en el sector derechista del mapa político”. Así escribió ayer el destacado periodista y exoficial en el ejército israelí ­Yoav Keren, en el Yediot Aharonot, uno de los diarios más leídos en Israel.

Y es que la llamada leyEstado-nación, aprobada por el Gobierno más derechista de la historia de Israel, encabezado por Beniamin Netanyahu, está despertando una polémica sin precedentes en el Estado judío desde la formación de la actual coalición de Gobierno en el 2015.

La ley –aprobada con 62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones– establece que Israel es “el hogar nacional del pueblo judío”, y será añadida a las leyes básicas constitucionales del Estado. A su vez, la norma declara Jerusalén capital del país, establece el calendario judío como el oficial del Estado y cambia el estatus de la lengua árabe de “oficial” a “especial”.

El próximo sábado por la noche, decenas de miles de judíos israelíes, drusos, beduinos, así como miembros de la comunidad árabe-palestina israelí, pretenden llevar a cabo una gran manifestación en la emblemática plaza Rabin, en el corazón de Tel Aviv. Incluso el presidente de Israel y miembro del partido en el Gobierno, el Likud, Reuven Rivlin, expresó su tajante oposición a una ley que aparentemente contradice la declaración de independencia de 1948, firmada por los fundadores del Estado, encabezados por David Ben Gurión, en la que se asegura el carácter judío del Estado pero que remarca la igualdad de todas las minorías ante la ley.

El jefe de Estado Rivlin declaró públicamente que está obligado a ratificar la ley, pero que la firmará en árabe a modo de protesta. Netanyahu, por su parte, se reunió con dirigentes de la comunidad drusa, una minoría religiosa que habita en Israel, así como los países colindantes de Líbano, Siria y Jordania, que se escindió del islam a finales del siglo X y que tiene un credo monoteísta. El 81% de los drusos, en un porcentaje mayor al de la población judía, sirve en el Tsahal, y la nueva ley ha provocado gran polémica en el seno del ejército.

Un periodista druso del canal público Kan, Riad Ali –cuyo hijo sirve en un destacamento de la policía fronteriza en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén– estalló en lágrimas en directo, despertando todavía más el debate nacional. Un alto oficial druso declaró que abandonará el ejército porque no está dispuesto a “ser un ciudadano de segunda clase”.

El capitán Amir Jamal fue suspendido durante dos semanas por las autoridades militares tras una publicación en Facebook en la que se mostraba muy dolido. En el mensaje hizo una petición para que los drusos dejen de servir en el ejército. “Esta mañana, cuando me levanté para ir a la base, me pregunté a mí mismo: ¿por qué?, ¿por qué debo servir al Estado de Israel? Yo, mis dos hermanos y mi padre lo hicimos con amor por la nación y al final, ¿qué recibimos? ¿Ser ciudadanos de segunda? No quiero continuar, y estoy seguro de que cientos de drusos dejarán de servir en el ejército”, escribió.

El general Rasan Alian, que dirigió la brigada de élite Golani en la guerra de Gaza del 2014 y resultó herido en combate, trabaja junto al jefe del Estado Mayor del ejército, Gadi Eizenkot, en un intento de resolver la crisis con la comunidad drusa. El teniente general Eizenkot dirigió ayer a todos los soldados y oficiales un comunicado en el que señalaba que “estamos comprometidos con la seguridad de los habitantes de Israel y la victoria en la guerra, pero estamos comprometidos también con la preservación de la dignidad humana, independientemente del grupo étnico, religión o sexo. Así es y así será siempre. Nos comprometimos a una responsabilidad conjunta y la solidaridad de combatientes con nuestros hermanos drusos, beduinos y las restantes minorías que sirven en el Tsahal”. Y añadió: “Dejemos los temas políticos controvertidos fuera de las instituciones militares”.

Eizenkot recibió el apoyo de numerosos altos cargos israelíes en el pasado, que anunciaron su intención de manifestarse contra la ley este próximo sábado en Tel Aviv. Entre ellos se encuentran el exjefe del Estado Mayor del ejército Gabi Ashkenazi, el exjefe del Mossad Tamir Pardo, los exjefes del Shin Bet Yuval Diskin y Ami Ayalon y el ex inspector jefe de la policía Moshe Caradi. A ellos se unieron 78 altos oficiales en la reserva y exgenerales de la policía, que exigieron a Netanyahu alterar la polémica ley del Estado-nación.

El juez árabe israelí Salim Jubran, antiguo número dos del Tribunal Supremo, afirmó en una entrevista en la radio pública que “se trata de una ley racista” y que si él estuviese aún ejerciendo en el tribunal la declararía inválida. No se descarta que el Tribunal Supremo decida invalidar la ley. Según algunos comentaristas, parte de los ministros de Netanyahu –que se encuentran con gran oposición a la ley de personalidades destacadas del Likud tales como el presidente Rivlin– a lo mejor agradecerían a los jueces que les obligaran a dar marcha atrás con la ley. Sin embargo, parte de los ministros del Gobierno, que no esconden la atmósfera preelectoral que se empieza a vivir en Israel, afirman que si el Supremo cae en la tentación de descartar la ley, “sería el final de la democracia israelí”.

En la oposición al Gobierno, encabezada por el partido laborista (Unión Sionista), algunos diputados piensan presentar la declaración de independencia del país como ley constitucional, asegurando así la igualdad de todos los sectores y minorías. “Si el Likud vota en contra, tendrá que pagar un alto precio político, y su verdadera cara saldrá al descubierto”, afirmaron ayer fuentes de la izquierda israelí.