La Fiscalía señala que el exlegislador ayudó a lavar activos y participó en operativos para proteger cargamentos de droga. De los Urbina dicen que tenían su propia organización criminal.

En documentos separados, la Fiscalía del Distrito Sur de Nue­va York acusó al exdiputado libe­ral Midence Oquelí Martínez Tur­cios y a los hermanos Arnaldo, Car­los Fernando y Miguel Ángel Urbi­na Soto, de cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relativos a la pose­sión de armas automáticas y arte­factos de destrucción.

Arnaldo Urbina fue alcalde de Yoro desde el 2009 hasta el 2014, cuando fue arrestado por autori­dades hondureñas. En febrero de 2017 fue condenado por el delito de lavado de activos, pero lo absol­vieron de cargos de extorsión y al­macenamiento de armas. En el mis­mo proceso fueron absueltos Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina So­to. Este último también está siendo requerido por las autoridades esta­dounidenses.

El otro indiciado, Martínez Tur­cios fue diputado por Colón en los periodos 2010-2014 y 2014-2018. Participó en las elecciones pasadas pero no ganó. Ellos habrían trabaja­do para el cártel de Sinaloa.

“Los Estados Unidos está bus­cando la extradición de los acusa­dos”, dice el comunicado de la Fis­calía estadounidense.

El agente especial a cargo, Ray­mond P. Donovan señaló que “la DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacio­nada con las drogas en todo el mun­do, lo que alimenta la violencia y la insurgencia mientras que revoca el Estado de derecho”.

Según el comunicado, Martí­nez Turcios era miembro de una violenta organización narcotrafi­cante: Los Cachiros. Entre el 2004 y más o menos el 2014, recibió más de 1 millón de dólares en sobornos y otros pagos, que él utilizó, entre otras cosas, para enriquecerse y fi­nanciar su campaña política.

Martínez Turcios ayudó a pro­veer una apariencia de legitimidad a los líderes de Los Cachiros en vir­tud de su posición política y como autoridad, pero también actuando a veces como socio nominal de las compañías de fachada utilizadas pa­ra lavar dinero de la organización. Una de esas compañías era Gana­deros Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V., dice el boletín.

Martínez Turcios también “proporcionó apoyo directo pa­ra actividades violentas de tráfi­co de drogas de Los Cachiros. Por ejemplo, él personalmente escol­tó algunos de los cargamentos de cocaína a su paso por Honduras. Además, dirigió equipos de seguri­dad fuertemente armados, respon­sables de proteger grandes canti­dades de drogas; participó en en­trenamientos con armas, pagados por Los Cachiros a sicarios reclu­tados de la Mara Salvatrucha o MS-13, y ayudó a planear y parti­cipó en actos de violencia perpe­trados por miembros y socios de la organización”, dice el comuni­cado.

Sobre el papel de los Urbina So­to, la Fiscalía sostiene que entre el 2005 y el 2014, dirigieron una or­ganización narcotraficante con ba­se en Yoro, donde Arnaldo fue al­calde.

Los Urbina Soto capitalizaron su poder en Yoro y se alinearon con otras entidades criminales, como Los Cachiros y el grupo liderado en Copán por los hermanos Miguel Ar­nulfo y Luis Alonso Valle Valle, para recibir vía aérea cargamentos de co­caína en varias localidades de Hon­duras, incluyendo pistas clandesti­nas en áreas remotas pero también en caminos de uso público en Yoro.

Los Urbina Soto coordinaban y a veces participaban en operati­vos de seguridad fuertemente ar­mados para supervisar la descarga de aviones y el transporte de la car­ga ilícita en conexión con la impor­tación masiva de cocaína a los Es­tados Unidos.

CARGOS Y PENAS ABSTRACTAS

Aunque las acusaciones son separadas, los cargos para Midence Martínez y los hermanos Urbina son los mismos: 1- Conspirar pa­ra importar cocaína a los Estados Unidos, cuya pena oscila entre 10 años y cárcel de por vida; 2- Uso y portación de armas automáticas y artefactos de destrucción, vinculadas con la importación de cocaí­na, con una pena mínima de 30 años y una máxima de cadena per­petua; 3-Conspiración para usar y portar armas automáticas y ar­tefactos de destrucción en relación a la conspiración para importar cocaína, cuya pena máxima es de 20 años de reclusión.

“Estos funcio­narios hondu­reños electos y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sina­loa e inundaron las comunidades estadouniden­ses con enormes cantidades de veneno mortal” Raymond P. Do­novan, agente de la DEA

“Los acusados políticamente conectados en Honduras supuestamen­te trabajan en alianza con violentos carte­les de la droga, lo cual es una receta para el daño aquí en los Estados Uni­dos”. Geoffrey S. Berman, fiscal

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