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Honduras, Bancos externos dispuestos a prestar $50 millones para la nueva identidad

Tegucigalpa, Honduras.

El gobierno hondureño le debe a bancos extranjeros, organismos financieros multilaterales y países amigos unos 8.543 millones de dólares.

Ese nivel de endeudamiento representa un 29.7% del Producto Interno Bruto (PIB), del país, lo que significa que el gobierno hondureño tiene capacidad para contratar más préstamos.

En esa fila del endeudamiento están en espera unos 50 millones de dólares que se utilizarán para financiar la nueva tarjeta de identidad y aunque usted no lo crea muchos bancos internacionales y fondos de inversión de los Estados Unidos y Europa están dispuestos a facilitar dichos recursos.

GESTIONAN FINANCIAMIENTO
La Ministra de Finanzas, Rocío Tábora, confirmó que para el financiamiento de la emisión de la nueva tarjeta de identidad ya han tenido acercamientos con varias fuentes de crédito internacional.
Señaló que “todas las fuerzas políticas del país están de acuerdo en el proceso de identificación, que no solo es un tema puramente electoral, ya que es un tema de derecho de identificación”.

Tábora agregó que “vamos a buscar un mecanismo de ejecución transparente, legítimo donde todo mundo tenga la credibilidad, donde la sociedad civil también se involucre”.

“Entonces estamos en ese proceso y vamos a acelerar el paso, para poder obtener los fondos externos y lo que no vamos tener que, y lo hemos pre conversado con los diputados incluir en el anteproyecto del presupuesto del próximo año”, indicó.

CON 20 MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Registro Nacional de las Personas (RNP) presentó a finales de abril ante la comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional su proyecto de la nueva tarjeta de identidad que tendrá unas 20 medidas de seguridad.

El proyecto fue turnado a dictamen a la Comisión Electoral Especial que preside el jefe de la bancada liberal, Elvin Santos.

En la iniciativa, que solo tiene cuatro artículos, se precisa que entre los alcances de la nueva cedula está identificar un estimado de 9 millones de personas. De ese número, 6.3 millones son mayores de edad y 2.7 millones tienen entre 5 y 18 años no cumplidos.

También, registrar tanto decadactilar AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) como facial ABIS (Automatic Biometric Identification System) a los ciudadanos para fines civiles y criminales. Imprimir y distribuir el docu­mento de identidad para los mayores de edad antes de diciembre de 2019.

PANORAMA ECONÓMICO Y SOCIAL
Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 60.9 por ciento de la población viviendo en la pobreza.

Según datos oficiales, en la zona rural aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al día.

Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas.

En 2017 el país creció un 4.1 por ciento, según las últimas estimaciones, y se prevé que el crecimiento para 2018 será de 3.6 por ciento.

A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica.

Otro de sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen y violencia. Si bien en los últimos años el número de homicidios ha disminuido, Honduras sigue teniendo una de las tasas más altas en el mundo (43.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras).

El país también es vulnerable a choques externos. Su sector agrícola, por ejemplo, perdió cerca de un tercio de sus ingresos en las dos últimas décadas, en parte debido a una disminución de precios en los productos de exportación, en especial bananos y café.

Honduras también es susceptible a fenómenos naturales adversos como huracanes y sequías. Algunas medidas para mitigar el impacto de estos choques se enfocan en fortalecer la capacidad de los hogares para adaptarse, extender mecanismos de gestión de riesgo basados en el mercado y desarrollar redes efectivas de protección social.