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Honduras, ONU, Ley de Ciberseguridad violenta la libertad de expresión

Redacción Diario QuienOpina.com febrero 15, 2018 Comentarios desactivados en Honduras, ONU, Ley de Ciberseguridad violenta la libertad de expresión
Honduras, ONU, Ley de Ciberseguridad violenta la libertad de expresión

Tegucigalpa, Honduras.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), exteriorizó su preocupación por el contenido de la Ley Nacional de Ciberseguridad que pretende aprobar el Congreso Nacional, ya que a su juicio pone en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones.

En su disertación, ante la comisión de dictamen, María Soledad Pazo, representante Residente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, manifestó que la propuesta de ley tiene un impacto sobre la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional.

“Este proyecto de ley no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones”, dijo.

La OACNUDH presentó un análisis detallado a la comisión de Dictamen del Congreso Nacional presidida por el diputado Gerardo Martínez, al tiempo que solicitó reconsiderar La ley de Ciberseguridad y realizar un mayor análisis en la Cámara Legislativa a la luz de las obligaciones internacionales.

Análisis y preocupación

1.- Competencias del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad. Preocupa la naturaleza de este órgano en relación al otorgamiento de competencias propias de órganos jurisdiccionales que implicaría, en este extremo no solo una extralimitación de competencias en especial ante figuras penales de especial relevancia tales como ciberterrorismo o terrorismo electrónico, incitación a la discriminación, producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad y amenaza. Por otra parte también, suscita preocupación la composición institucional de este órgano y el menoscabo o debilitamiento de la independencia de poderes del Estado.

2.- Principio de Legalidad. A la luz de este principio que establece que conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas; en este sentido resulta preocupante la generalidad, falta de concreción y precisión en las definiciones de incitación o discurso de odio, incitación a la discriminación, contenido ilegal. Esto supone un riesgo no permisible a que se cometan abusos, arbitrariedades en la aplicación y/o uso partidario de la ley.

3.- En relación al debido proceso y principio de mera transmisión, al crear un procedimiento extrajudicial de “notificación y rescisión” sin las debidas garantías y, además exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas y censura previa, tal y como señaló el relator de Naciones Unidas para la Libertad de expresión.

4).- Legitimación: finalmente el proyecto otorga la legitimación a terceros para presentar denuncia posibles figuras delictivas tales como la injuria, calumnia, a pesar de que el agraviado no se sienta injuriado y no participe de dicha denuncia, contradiciendo la naturaleza de los delitos de honor.

Principales conclusiones:
Recomendaciones:
-Firmar y ratificar el Convenio de Ciberdelincuencia, también conocido como Convenio de Budapest, el cual permita al Estado contar con un marco jurídico adecuado para la lucha contra la ciberdelincuencia en armonía con los estándares internacionales.

-Reconsiderar esta iniciativa parlamentaria, ampliando la participación efectiva de diversos actores lo cual permita profundizar en el análisis y lograr un mayor consenso parlamentario y entre la ciudadanía;

-Promover la autorregulación de los sitios web y redes sociales como una herramienta efectiva para abordar las expresiones de odio y discriminación las cuales incluyan información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan los filtros.

-Considerar otorgar mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y educativos para el uso responsable de internet, como por ejemplo, realizar acciones para la concienciación sobre valores de tolerancia, respeto a los derechos humanos y prevención de delitos.