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Honduras, “Borrones electrónicos” saqueo millonario del Colegio de Abogados

bruce septiembre 11, 2017 Comentarios desactivados en Honduras, “Borrones electrónicos” saqueo millonario del Colegio de Abogados
Honduras, “Borrones electrónicos” saqueo millonario del Colegio de Abogados

Tegucigalpa, Honduras.

Una extraña maraña se teje alrededor del saqueo millonario del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Indiferencia, colusión, fraude, estafa, hurto y compadrazgos políticos, mantienen impune este sonado caso que afectó a más de 20 mil agremiados.

A más de cuatro años del escándalo de corrupción, los profesionales del derecho agremiados siguen esperando el esclarecimiento del paradero de sus recursos y el castigo para los exdirectivos y empleados que participaron en el fraude en las administraciones 2008-2010 y 2010-2012.

Con apenas una persona enjuiciada, el caso sigue durmiendo el “sueño de los justos”, a pesar de las suficientes pruebas que aportaron directivos de los siguientes períodos a esa fecha y afiliados a título personal, según exdirectivos y agremiados.

El caso saltó a la luz pública en julio del 2012, cuando unos 50 abogados afiliados al CAH, denunciaron ante el MP la malversación de al menos 100 millones de lempiras, durante la administración del entonces presidente del CAH, Olvin Mejía (2010-2012).

Denuncias posteriores de directivos y respaldadas por auditorías forenses, determinaron que la malversación de los fondos alcanzaron los 491 millones de lempiras, en cuatro administraciones más, incluyendo la del también expresidente, Óscar García (2008-2010).

Las investigaciones se centraron en las administraciones de García y Mejía pero a la fecha sola una persona fue enjuiciada. Se trata del exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal, condenado a doce años de cárcel por la Sala Cuarta de Sentencia de Tegucigalpa. Las investigaciones determinaron que Argeñal, valiéndose del cargo, destruyó documentos que evidenciaba el manejo irregular de 107 millones, de la administración de Mejía.

Tanto Mejía como García son dos influyentes abogados. El primero fue además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). A la fecha ninguno de los dos ha sido procesado ni el resto de al menos una veintena de directivos que lo acompañaron en su administración.

“PUDRICIÓN”

Sin embargo, el reclamo de justicia es permanente entre los más 20 mil afiliados del CAH, sobretodo, porque dicen, parece que se olvidó del caso, y las autoridades evitan referirse al tema. Ahora en secretividad, cuando los medios han querido pesquisar el estado de las investigaciones.

El trasfondo de esta secretividad, según se maneja entre el gremio, es la cantidad de personas implicadas, directa e indirectamente, en el derroche millonario de estos fondos. Abogados afiliados, diputados, fiscales, jueces y hasta políticos foráneos al gremio se habrían beneficiado.

“Es una pudrición. Es increíble la forma en que se derrocharon más de 450 millones de lempiras”, dijo un abogado, Nelson Perdomo, que refirió a detalles que constan en los expedientes en poder de la Fiscalía a partir de un informe, que en su momento presentó la exdiputada Silvia Ayala, en calidad de directiva, junto a otros compañeros del CAH.

BORRÓN ELECTRÓNICO

Es un secreto a voces, por ejemplo, que de esos 491 millones de lempiras, al menos 130 millones, fueron a parar como préstamos selectivos a afiliados que no honraron la deuda y se les condonó vía “borrón electrónico”. Entre los beneficiados se halla una diputada nacionalista actual de Atlántida y su esposo y una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El resto son también abogados influyentes con nexos y padrinazgos políticos.

Directivos actuales del CAH revelaron entre sus círculos de amigos, que esta diputada llegó varias veces a buscar que le aplicaran el “borrador electrónico” a su deuda, en tanto que la extogada de la CSJ admitió que le dieron en préstamos 3 millones de lempiras.

“A mí no me dijeron que los tenía que devolver”, le dijo en privado esta abogada a la comisión nominadora de la actual     Corte, que la entrevistó cuando postuló su reelección en el 2016. “El resto de los beneficiados se han hecho los locos y como nadie les cobró se quedaron con el préstamo”.

Uno de los cheques que fueron presentados en el MP como medios de prueba.

El destino del resto de los fondos también son todo un misterio, pero las investigaciones del informe de Ayala determinó que muchos fueron a parar a bolsillos de directivos y hasta empleados en compra amañadas, como terrenos sobrevalorados para sedes inexistentes del CAH, y operaciones financieras de alto riesgo.

Quedó demostrado además que en la administración de Mejía, el exgerente, ahora preso, retiró indiscriminadamente más de ocho millones de lempiras de las cuentas del CAH, días antes de entregar su cargo al nuevo presidente para el período 2012-2014. Copias de los cheques de los retiros están como evidencia en el MP, entre otras pruebas.

El sucesor de Mejía fue el abogado, Roy Urtecho, quien por entonces se desempeñaba además como fiscal general adjunto del Ministerio Público. Urtecho nombró una comisión para impulsar las investigaciones del desfalco financiero a cargo de los abogados, Maribel Espinoza, Jair López, Ramón Zúniga, José Ramón Teixe, José Palomo y Mario Urquía, entonces fiscal del CAH, y coordinador de esta comisión.

Esta misma junta directiva contrató la firma Delgado, Maradiaga y Asociados para revisar los estados financieros de la institución determinando el millonario desfalco.

Cuestionados: Las investigaciones apuntan a los períodos 2008-2010 y 2010-2012, presididos por Óscar García y Olvin Mejía, respectivamente.

INFORME AYALA

En febrero del 2015, la exdiputada Silvia Ayala, entonces directiva, agregó más pruebas al voluminoso expediente, que para entonces llegaba a los 300 folios en ocho líneas de investigación.

“Deben presentarse los requerimientos porque se han acompañado pruebas suficientes para respaldar los hallazgos de la auditoría forense que se practicó a las administraciones de Olvin Mejía y Óscar García”, dijo en su momento la excongresista.

Las pesquisas de Ayala y compañía fueron respaldadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que en su momento pidió al MP que presentara los requerimientos contra los implicados.

Han pasado tres administraciones en el Colegio de Abogados, desde el escándalo. Las investigaciones fueron presentadas al MP pero ninguna logró mover el caso, a pesar que fue la consigna en las campañas electorales gremiales.

“Vamos a eliminar la corrupción en nuestro colegio”, dijo José Luis Valladares, cuando se postuló para presidente de la organización entre 2016-2016.Durante su mandato, Valladares admitió que hay préstamos sin pagar desde 100 mil hasta dos millones de lempiras.

El año pasado, con motivo de la elección de la nueva junta directiva del CAH, que finalmente ganó el actual presidente José María Díaz, los movimientos de oposición pidieron la intervención inclusive de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Sucede que este gremio ha sido gobernado en más de 50 años por los movimientos Frente Patria y Justicia, y el Movimiento Independiente.

En ese sentido, el abogado Julio Durón Videa, afirmó que “la MACCIH debe destapar la olla de corrupción” alrededor del sonado desfalco para que se castigue a los corruptos y se recuperen los fondos de la institución. Cree que mientras los partidos mantengan su injerencia en el gremio el caso no va a prosperar.

Durón Videa se postuló en su momento para la presidencia del CAH con el movimiento opositorFrente Gremialista por la Transparencia pero no recibió el respaldo de las bases.

Por su parte, la abogada sampedrana, Maribel Espinoza, es del criterio que detrás de este caso hay “grupos oscuros” que quieren el control total del colegio y la “mano politiquera”, que podrían estar frenando los requerimientos fiscales.

“La lucha no está concluida y falta mucho por hacer, tenemos el deber histórico de continuar con el rescate del Colegio de Abogados de Honduras”, concluyó Espinoza.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, afirmó que está a la espera de los requerimientos fiscales en contra de exdirectivos gremiales que participaron en el desfalco de los fondos de la institución.

Recientemente, Díaz se presentó junto con miembros de la actual junta directiva así como del abogado privado, Roque Germer, de origen alemán, a conocer los avances del caso en poder del Ministerio Público desde hace 15 años.

“La construcción del caso avanzó en un 90 por ciento, son ocho líneas de investigación. Pronto habrá capturas. Pensamos que no pasará de este año para que el Ministerio Público presente acciones en contra de los responsables, es un caso de alto impacto y no vamos se van a burlar del gremio”, dijo Díaz.

Consideró que son varias administraciones las investigadas y en la misma participan directivos y empleados de baja categoría, como conserjes que salieron multimillonarios con los fondos de los agremiados.

Expuso además que el desfalco dejó en precario las jubilaciones de miles de afiliados al Instituto de Previsión Social de los Abogados tanto así que en estos momentos y gracias al esfuerzo de la presente administración lograron aumentar la pensión en cuatro mil lempiras.

“Si se contara actualmente con ese dinero saqueado en administraciones pasadas estaríamos dando una jubilación de al menos 15 mil lempiras a cada agremiado pero se ha visto limitado”, explicó.

El presidente del CAH afirmó que entre las personas investigadas se encuentran sus antecesores en el cargo, Olvin Mejía y Óscar René García. “Esperamos que exista prontitud en las diligencias para que se hagan los requerimientos lo más pronto posible en perjuicio de los responsables”, precisó.

Según el directivo, el desfalco se produjo en los períodos 2008-2010 y 2010-2012, a cargo de García y Mejía, respectivamente. Detalló que entre las líneas de investigación se encuentra un terreno sobrevalorado en las inmediaciones de El Zamorano, cuyo precio real es menor a los 10 millones de lempiras pero que los directivos lo compraron en 20 millones. Estos directivos ordenaron a los empleados de turno incinerar toda la documentación para borrar las evidencias del saqueo financiero, subrayó Díaz.

José Luis Valladares, “Queremos que se lleguen a las últimas consecuencias para esclarecer cada caso de corrupción, sea que esto implique responsabilidades penales y civiles. En particular no nos interesa el mal de nadie pero si alguien ha actuado incorrectamente mientras estuvo en el CAH, debe rectificar. No queremos abogados presos, lo que queremos es que regresen el dinero”.

Silvia Ayala, “Es una pena que mientras nosotros estamos entregando una jubilación de cuatro mil lempiras a los profesionales del Derecho, estas personas hayan dejado en cero las arcas del Instituto de Previsión. El Ministerio Público debe presentar los requerimientos porque se han presentado pruebas suficientes para acreditar los hallazgos de la auditoría forense del 2013”.