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In Sigth Crime, “La Corrupción es el sistema operativo en Honduras”

bruce Junio 16, 2017 Comentarios desactivados en In Sigth Crime, “La Corrupción es el sistema operativo en Honduras”
In Sigth Crime, “La Corrupción es el sistema operativo en Honduras”

Escrito por Mike LaSusa y Parker Asmann

Un nuevo estudio señala que la corrupción en Honduras no es apenas producto de la mala conducta de actores individuales, sino que abarca un sistema institucionalizado que sirve para beneficiar a un cerrado círculo de miembros de la élite, y reproduce otros sistemas corruptos que se han develado en Latinoamérica.

El informe del Carnegie Endowment for International Peace, titulado “Cuando la corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras”, pone de relieve cómo una combinación de factores históricos ha allanado el camino para la actual corrupción de la economía política en el país.

La autora del informe, Sarah Chayes, sostiene que “Honduras ofrece un ejemplo perfecto de redes transnacionales cleptocráticas entrecruzadas o ‘integradas’”

En otras palabras, poderosos intereses de negocios internacionales, además de organizaciones criminales con nexos transnacionales han corrompido las instituciones del gobierno en diferentes niveles, con poca resistencia de los funcionarios públicos, quienes también se han beneficiado de estos tejemanejes.

Como lo señaló InSight Crime en su serie investigativa sobre élites y crimen organizado en Honduras, la historia económica del país se diferencia de la de la mayoría de sus vecinos en el sentido de que “las élites económicas más poderosas han surgido de los sectores de servicios, banca, medios y telecomunicaciones”, más que de los sectores agrícola, dependiente de la tierra, e industrial.

Estas “élites transnacionales”, muchas veces descendientes de inmigrantes de Europa del Este o Medio Oriente, han usado sus relaciones comerciales internacionales, así como los sobornos para promover sus intereses económicos. De manera similar, tanto la élite “tradicional” dependiente de la tierra como la “élite burocrática”, consistente en su mayor parte de familias de militares y políticos regionales, han participado en la corrupción con el fin de mantener su estatus socioeconómico.

Chayes subraya que las tres “esferas” del sistema cleptocrático en Honduras: el sector público, el sector privado y elementos criminales, “mantienen un grado de autonomía, y muchas veces se ven alterados por rivalidades internas”. Pero en ocasiones, sus intereses coinciden y puede haber un grado de coordinación entre ellos.

Reiterando los hallazgos de la investigación de InSight Crime, el estudio señala que durante “la última década más o menos, los círculos de las élites de los sectores público y privado han ido estableciendo estrechas conexiones con las redes declaradamente criminales que manejan el negocio de los estupefacientes además de otros tipos de contrabando, como la trata de personas”.

Y aunque no son lo mismo, los sectores público y privado de la red cleptocrática están unidos por lo que Chayes llama un “pacto de élites” que perpetúa la corrupción.

 Chayes afirma que es posible que esa dinámica se esté intensificando en la administración del presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió el poder en 2014 y lidera la contienda política para las elecciones presidenciales programadas para noviembre.

El estudio señala que Hernández ha hecho un “esfuerzo estratégico” por consolidar el poder gubernamental en la rama ejecutiva, reforzando así una intrincada red de élites con nexos con los sectores público, privado y criminal que ya ejercen un control político y económico desmesurado.

Como lo planteó uno de los entrevistados en el informe, “Los políticos están al servicio de la élite económica”.

Antes de llegar a la presidencia en 2014, Hernández fue presidente del Congreso. En este periodo, afirma Chayes, se creó un “clima legislativo favorable” con la aprobación de leyes que beneficiaban a “los miembros de la red del sector privado”.

Por ejemplo, en 2010, la creación de la Comisión para la Promoción de las Asociaciones Público Privadas básicamente canalizó “fondos públicos a contratos privados mediante un proceso de licitaciones turbias”, halló el informe.

En consecuencia, Chayes explica que esto permite al presidente “dirigir o aprobar personalmente” proyectos público privados, incluyendo términos y garantías de compra. Y cuando en 2014 se propusieron mejoras marginales en la supervisión, los funcionarios opusieron resistencia a las medidas.

Como presidente del Congreso y más adelante como jefe de Estado, Hernández también supervisó otras reformas de política que reforzaron el poder del ejecutivo mientras debilitaba al Congreso, la justicia y otras instituciones que pudieran ayudar a poner freno a la corrupción.

Hernández ha reforzado el rol del ejército en los operativos de seguridad interna, llenó el sector judicial con altos funcionarios a favor de sus intereses procorporativos e instituyó una “ley de sigilo” radical que clasifica como información secreta “aquella capaz de producir ‘efectos institucionales indeseados’, o cuya difusión pueda ‘ir en contravención con el desarrollo efectivo de la política de Estado o el normal funcionamiento de las instituciones del sector público’”, señala el informe.

Según el estudio, “El grueso de las acciones u omisiones de estos organismos han servido para facilitar o defender la maximización de los ingresos para los principales miembros de la red del sector privado o ha dado oportunidades de desvío de fondos a los funcionarios públicos”.

Análisis de InSight Crime

Los esquemas de corrupción sofisticados no son nada nuevo en Latinoamérica, y Honduras no es el único país donde la corrupción generalizada ha tenido consecuencias negativas para la sociedad en términos de representación política, oportunidad económica y derechos humanos. Sin embargo, las redes de corrupción en diferentes países funcionan de forma distinta. Y entender esas diferencias es clave para formular soluciones efectivas para erradicar la corrupción.

El cuadro que describe el informe de Chayes indica que la dinámica de la corrupción en Honduras es más parecida a la observada en Brasil, por ejemplo, que a la observada en Guatemala.

El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti crearon un sistema de “Estado mafioso”, en el que Pérez y Baldetti actuaban como jefes, supervisando diferentes esquemas de corrupción y sacando una tajada de todo el peculado que ocurría bajo su supervisión. En Brasil, por otro lado, la corrupción no está tan centralizada, sino que se ha convertido en “regla del juego” en los negocios y la política.

El caso de Honduras se asemeja más al de Brasil en cuanto a que no hay un liderazgo unificado de un esquema de corrupción masivo, sino una especie de “pacto de élites” para jugar con las reglas de un sistema que promueve y asegura la impunidad para los involucrados en la corrupción.

Esto quizás se ilustra mejor con la resistencia de las élites a la implementación de un organismo anticorrupción con aval internacional en Honduras, que eventualmente se creó a comienzos del año pasado como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esto se compara con los intentos de las élites brasileñas de obstruir las investigaciones anticorrupción amplias sobre docenas de políticos, entre ellos el actual presidente.

 La principal semejanza en los tres casos: Honduras, Brasil y Guatemala, es que se usó la corrupción para promover la concentración del poder en manos de una élite que ya lo ejercía.

En Honduras, por ejemplo, los funcionarios y contratistas desviaron enormes cantidades de dinero del Sistema Nacional de Seguridad Social y usaron parte del botínpara financiar las campañas políticas de miembros del Partido Nacional, de Hernández, algo que ha admitido el presidente mismo.

De igual modo, en Guatemala, Pérez Molina y Baldetti fueron elegidos en 2011 gracias en parte a las contribuciones ilícitas a su campaña de empresas y personas a las que luego retribuyeron al llegar al poder con la concesión de contratos estatales.

Y en Brasil, parte de los sobornos y comisiones ilícitas derivados de contratos de obras públicas se canalizaron a campañas políticas y compras de votos en el Congreso, lo que sirvió para enriquecer los intereses de la empresa privada además de los funcionarios de gobierno que se dejaron sobornar, mientras que garantizaba la perpetuación de la corrupción.

Chayes señala que el modelo de corrupción que Honduras representa —y que en ciertos aspectos se repite en Brasil y Guatemala— no es exclusivo de Latinoamérica.

“Este modelo de corrupción, diría yo, es algo que se aplica en 60 a 70 países de todo el mundo”, comentó Chayes a InSight Crime. “Y funciona en formas diferentes en cada uno de esos países. Sin embargo, hay las mismas coincidencias entre los sectores público y privado donde se corrompen las instituciones estatales para servir a los fines de las redes”.

Chayes hace énfasis en que para poder avanzar primero hay que reconocer que la corrupción actual es “un sistema operativo intencional de redes sofisticadas y exitosas.”

La corrupción de hoy en día no es simplemente “dinero en un sobre”, afirma Chayes, involucra redes de actores corruptos poderosos y con alcance internacional “que escriben las reglas de la administración política y económica para su propio beneficio.”