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Honduras, Ramírez del Cid y Muñoz Licona mandaron a matar Arístides González y Landaverde

bruce abril 17, 2017 Comentarios desactivados en Honduras, Ramírez del Cid y Muñoz Licona mandaron a matar Arístides González y Landaverde
Honduras, Ramírez del Cid y Muñoz Licona mandaron a matar Arístides González y Landaverde

Tegucigalpa, Honduras.

“Al General (Julián) Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid que, según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos”, cita un informe especial del diario estadounidense The New York Times.

El diario señala que decidió publicar los nombres y datos recogidos en el informe de la Inspectoría General de la Policía de Honduras sobre los asesinatos del General Julián Arístides González y del analista de seguridad Alfredo Landaverde.

En la publicación en español, The New York Times incluye varias fichas con fotos de oficiales que, de acuerdo al informe, planificaron los asesinatos y colaboran con carteles de la droga en Honduras.

Según el diario norteamericano, decidió publicar los nombres y datos recogidos en un informe de la Inspectoría General de la Policía de Honduras sobre los asesinatos del General Julián Arístides González y del analista de seguridad Alfredo Landaverde.

La siguiente es la publicación íntegra del influente diario que ya circula en su versión digital titulado: Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras, escrito por Alberto Arce:

“En julio de 2009, el narcotraficante hondureño Winter Blanco, un tipo gordito, rudo, de pelo rapado, y prófugo de la justicia, jefe del Cartel del Atlántico, quiso tumbarle un cargamento de cocaína a Emilio Fernández Rosa, conocido como “Don H”, que tenía 143 kilos en una casa de La Mosquitia, en la costa Caribe de Honduras.

Blanco llamó al General de la policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el General Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar.

La información llegó a manos del zar antidrogas, el General Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína.

Cumplir con su deber sería la sentencia de muerte para ese general retirado que Estados Unidos, en un cable enviado desde su Embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado, había calificado de “algo así como la última esperanza” de la lucha contra el narcotráfico en el país.

Los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 a los que ha tenido acceso The New York Times y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas.

Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. E hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

El predecesor de Muñoz Licona y Ramírez del Cid, el Director General de la Policía Salomón Escoto Salinas, supo de sus actividades al punto de prestarles su despacho para coordinar el asesinato del General Arístides González.

Y sus dos sucesores al frente de la policía, los generales Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, que había dirigido la inspectoría general de la policía que hizo los informes que explicaban la cadena de responsabilidades en los asesinatos, recibieron y enviaron copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y los señalaban como miembros del Cartel del Atlántico.

Pero nadie envió una copia al Ministerio Público para judicializar los casos ni adoptó medidas. Varios de los oficiales implicados siguen en posiciones de mando en la policía o han sido destinados a embajadas. Otros fueron ascendidos por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.

Los implicados lo han negado todo.

Además, todo esto sucedió mientras el gobierno de los Estados Unidos contribuía con una media de 15 millones de dólares al año provenientes de los contribuyentes estadounidenses a la institución policial, financiaba un proceso de depuración que terminó en fracaso y colaboraba –sin mucho éxito– con la investigación de los asesinatos desde 2015.